Si algo se perdió por completo en el marco de la corrupción es el mandato constitucional de hacer que la prioridad del Estado sea trabajar por la promoción del bien común, objetivo imposible si todas las instituciones están únicamente concentradas en encontrar las fórmulas para el rápido enriquecimiento de los funcionarios que las dirigen. Cuando el partido oficial dispuso centrar su estrategia electoral en el reclutamiento de 200 alcaldes que recibiendo dinero a manos llenas pudieran generarle votos a Conde y el resto de candidatos del oficialismo, no hubo tanto alboroto público como el que vimos ahora tras la reunión del Presidente electo, Bernardo Arévalo, con el Alcalde reelecto de la ciudad, Ricardo Quiñónez.
Los dos electos se reunieron para hablar de la cooperación que deberá darse en los próximos cuatro años para que se puedan realizar obras que sean de beneficio colectivo para los habitantes del área metropolitana y se menciona que el inicio de la construcción de un Metro como de sistema de transporte fue uno de los temas tratados. Es obvio que ambos políticos tienen diferentes ideologías y que los seguidores de uno y de otro tienen distintas formas de ver y entender la realidad política del país, pero en el ejercicio de la función pública tenemos que entender la importancia del trabajo conjunto, sobre todo cuando no está basado en el manoseo de recursos para hacer trinquetes y por eso la reunión resulta importante.
La construcción de un Metro, como el que ya existe y funciona con eficiencia en algunas capitales latinoamericanas, ha sido una necesidad desde hace muchos años, pero por distintas razones nunca se emprendió una obra de ese calibre y los esfuerzos fueron orientados a la creación de una línea de buses articulados y la edificación de pasos a desnivel. Los resultados demuestran que se necesita más porque la movilización en la capital está cada vez más complicada y ello tiene profundas implicaciones, no solo por el tiempo perdido, sino también por el desmedido gasto de combustible.
El gobierno actual, sabiendo cómo funciona el sistema electoral y el papel de las juntas receptoras, dispuso inventar su propio mecanismo de “fraude” mediante la millonaria asignación de recursos a 200 alcaldes para que ellos movilizaran electores para beneficiar al partido oficial y su candidato, quien logró quedar en un tercer lugar insólito aquí para candidatos del oficialismo. El plan del oficialismo fue publicado oportunamente pero no hubo entre la población esa reacción que ahora vemos por la reunión de Arévalo y Quiñónez, la que es reflejo de la polarización mañosamente articulada para dividir a la población de Guatemala y alejarla del necesario debate de los ajustes que necesitamos para enfrentar la corrupción que nos complica el buen funcionamiento del Estado.
Políticos que puedan pensar diferente pero que sepan trabajar de la mano para desarrollar proyectos que sean de gran beneficio para el ciudadano es lo que necesita Guatemala.
