En la foto, el presidente, Alejandro Giammattei y la fiscal general del Ministro Público, Consuelo Porras.
En la foto, el presidente, Alejandro Giammattei y la fiscal general del Ministro Público, Consuelo Porras. Diseño: Roberto Altán

El gobierno señala que, por una reforma legal aprobada para proteger a Thelma Aldana, el presidente no puede remover a la Fiscal General Consuelo Porras porque contra ella no hay ninguna sentencia que justifique su remoción. En otras palabras, la ley le sirve para justificar que permanezca en el cargo en medio de las manifestaciones populares en contra de la jefa del Ministerio Público (MP) y de sus principales operadores, que además han provocado hasta bloqueos que generan enormes discusiones y complicaciones.

Sin embargo, el hijo del magistrado Neftaly Aldana recordó cómo Alejandro Giammattei pidió la cesantía de su padre porque al Gobierno le hacían falta votos en la Corte de Constitucionalidad (CC). La CC es un órgano independiente que tiene sus formas, pero el Presidente no tuvo empacho en meter su cuchara cuando le convenía.

Es importante recordar que lejos de alegar independencia, Giammattei defendió a Porras cuando fue sancionada por Estados Unidos y se burló de la Lista Engel diciendo que él iba a hacer la lista del zopilote. Sin duda alguna saber que su pareja, Miguel Martínez, puede parar sancionado lo obliga a desacreditar las acciones de los norteamericanos.

Además, todos sabemos que la lista elaborada por la Comisión de Postulación, con apego a la ley, había dejado fuera a Consuelo Porras, pero recordó los casos refundidos que afectaban a Giammattei y Miguel Martínez, y se buscó a alguien que presentara un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para reclamar su no inclusión en el listado final y esa Corte, integrada mañosamente para completar el control del Estado, ordenó sin fundamento que fuera incluida en la lista. Ello no obstante que la CC no era competente para fallar en un amparo contra una Comisión de Postulación y debió trasladar el caso al órgano correspondiente.

Ahora, Giammattei se llena la boca en reuniones privadas hablando de fraude lo que lo confirma como el amo y señor de los esfuerzos en contra de la democracia. Porras le da Consuelo y tiene su cuota de responsabilidad sin duda, pero Giammattei y su Centro de Gobierno son las piezas que quieren derribar la democracia.

Eso nos demuestra cómo Giammattei mete mil y una excusas para no decir ni pío en contra de Porras porque él es quien lidera los esfuerzos por socavar la democracia. La CC tiene pronto que resolver la inconstitucionalidad en torno a la modificación de la ley orgánica del MP que no fue una buena idea desde su inicio.

La Constitución establece claramente su facultad para removerla y por eso una ley menor no puede limitarlo. Es obvio que no lo quiere hacer y después de lo ocurrido el sábado en Antigua Guatemala, las acciones del oficialismo vendrán más y más cerradas y obtusas porque si hablar de fraude en las elecciones ha sido la estrategia desde el principio, cuánto más luego de ver el desprecio que la población muestra para quienes ostentosamente usan el poder en su propio beneficio.

Porras ahora es un agente superútil. Tienen un juego perverso para tapar la corrupción y los fantasmas de la famosa carta de renuncia que ella habría firmado tiene mucho que ver en esta trama en la que Giammattei busca asegurar impunidad tras todo lo que han hecho.

Una ley no es superior ni puede limitar las facultades del Presidente establecidas en la Constitución, así como un pacto colectivo no puede pasar sobre la Ley del MP en cuanto a los procedimientos para remover o trasladar al personal que no le guste a la Fiscal General. Pero es que si siempre ha sido válida aquella frase tantas veces repetidas de que “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, ahora la cosa es más que evidente, porque los delitos cometidos por los que ejercen el poder son enterrados, aunque tengan que meter una alfombra bajo otra alfombra, mientras que para los enemigos no hay contemplación

El tema del cacareado fraude electoral, que viene cocinando el MP y del que hasta diputados oficialistas han tenido en sus manos documentos “bajo reserva”, es la más burda maniobra para burlar la voluntad popular pero, aunque todos los observadores certifiquen la pureza del evento, la decisión es traerse abajo las elecciones para imponer a un presidente que siga manteniendo a Porras y garantizando la impunidad.

Cuando eso pase, las acciones en conjunto entre todos los sectores serán necesarias para preservar la democracia y actuar en contra de quienes nos quieren acercar más a realidades que se viven en Nicaragua o Venezuela.

Artículo anteriorCC ordena desalojar el MP y capturar a manifestantes
Artículo siguienteCC ordena a Fiscalía investigar a Barrientos