En el marco de las protestas a causa del intento de socavar la voluntad popular expresada en las urnas se han dado varios hechos que afectan a distintos sectores de la población, pero ninguno tan serio y cuestionable como la toma de las instalaciones de Xayá Pixcayá, que es la principal fuente de suministro de agua por gravedad (no extraída de pozos) para el área metropolitana, situación de la que ninguno de los que han organizado las protestas se hace responsable, lo que hace dudar sobre el origen de esa acción y el propósito de quienes la dirigen y realizan.
El desvío de los caudales a la altura de la presa El Tesoro, en Zaragoza, Chimaltenango, afecta a familias que viven en las zonas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 19 de la capital, así como a sectores de Chinautla y algunos adyacentes del municipio de Mixco, por lo que se puede hablar, literalmente, de millones de personas afectadas por esa acción cuyo origen se desconoce. El daño es muy severo y el perjuicio para esas personas es terrible porque aún aquellos que disponían de un servicio eficiente, no digamos a quienes el agua llega en forma limitada, están pasando momentos críticos por la carencia de uno de los servicios esenciales para la vida.
¿Quién puede sacar ventaja o ganar algo con una acción de este tipo? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos porque se ha visto que en otras acciones de protesta ha existido la posibilidad de hablar con los actores para despejar, por lo menos por algún breve tiempo, los sitios para dar paso a quienes han sufrido los bloqueos. En este caso la PNC utilizó lacrimógenas para realizar un breve desalojo pero rápidamente se rehicieron los grupos para retomar el control de la presa e impedir que el agua fluya hacia los tanques de tratamiento.
Ayer, el mismo Ejército anunció que se retiraba del lugar porque no querían utilizar la fuerza en contra de los actores de esa ocupación porque allí habían mujeres y niños que saldrían seriamente afectados a la hora de una acción para recuperar el control de la presa El Tesoro, lo que significa que el calvario del desabastecimiento continuará indefinidamente sin que se pueda siquiera conocer qué piden o qué reclaman quienes impiden el paso de los caudales de agua.
Este caso es patético porque no está dirigido contra nadie más que contra los consumidores del servicio de agua potable, vital para la vida y la subsistencia, y hace suponer la existencia de todo un mar de fondo, inexplicable, atrás de esa acción que daña a millones de seres humanos.
