El eslabón más importante en la captura total de las instituciones para ponerlas al servicio de los caminos de la corrupción fue la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC), misma que tiene la llave para resolver en definitiva cualquier situación que dé lugar a un Amparo o a una impugnación por violaciones flagrantes a la Constitución Política de la República. Y lo está demostrando con la falta de acciones que den respuesta al reclamo formulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante el secuestro, que hizo el Ministerio Público (MP), de los documentos oficiales de la elección en la que el ciudadano se expresó libre y claramente.
Se escudan en falta de competencia, pero no dicen que cuando se presentó el Amparo para que Consuelo Porras fuera incluida en la lista de la postuladora no les correspondía a ellos resolver y, sin embargo, lo hicieron argumentando que era urgente proteger sus derechos constitucionales y ordenaron, a la brava, que su nombre figurara en el listado final. En cambio, ahora que está en marcha un Golpe de Estado que atenta claramente contra la voluntad popular expresada en las urnas, se lavan las manos y callan, maliciosamente, para dejar la puerta abierta a esa misma Consuelo Porras para que siga atropellando el proceso.
Tanto el Ministerio Público como la Corte de Constitucionalidad forman parte del andamiaje construido por Alejandro Giammattei para crear un sistema que aquí hemos llamado claramente como Dictadura de la Corrupción porque, mediante el control de toda la institucionalidad, no solo se facilita el saqueo de los fondos públicos, sino la más absoluta impunidad para quienes ven en la corrupción el camino. Y luego del manifiesto rechazo de la ciudadanía guatemalteca a buena parte del sistema, se ve cómo el mismo opera con plena eficiencia, disponiendo de todo el aparato de justicia, pero también del sistema político en general, lo que se evidencia con el vergonzoso y cómplice silencio de casi todos los partidos políticos ante los burdos abusos.
Queda más que claro de dónde vienen las instrucciones para violentar la democracia e impedir que el mandato popular expresado en las urnas se vaya a concretar el 14 de enero del año próximo; no hay medias tintas y, a pesar de los discursos pomposos ofreciendo entregar el poder a los electos en esa fecha, es más que evidente lo que se persigue y cómo se está concretando todo el plan para preservar el régimen de la corrupción.
La Corte de Constitucionalidad es la joya de la corona de quienes desean preservar el sistema, por lo tanto, la resolución con la que se lava las manos en esta crisis es solo parte de un script ya establecido y por ende, ahora que el sistema da sus últimas patadas, no se puede esperar que de allí salga la solución ante los abusos.
