La situación que se vive en Guatemala con las acciones que apuntan al irrespeto a la voluntad popular y, por ende, la ruptura del orden constitucional preocupan no solo a la ciudadanía que ve en riesgo el resultado de su expresión en las urnas, sino también a la comunidad internacional que se ha expresado enfáticamente para rechazar cualquier acción antidemocrática. Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para citar únicamente a los principales socios de Guatemala, han sido categóricos en su rechazo a cualquier maniobra que ponga en riesgo la democracia.
El caso es muy claro porque basta entender que, al tenor de lo que establece la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, todo lo relacionado con el ejercicio del sufragio es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de documentación esencial, como son las cajas que contienen los votos, rompió ya la cadena de custodia que le corresponde a la autoridad competente, en este caso el TSE.
El reclamo que hacen las autoridades electas, ya formalmente declaradas así por el Tribunal Supremo Electoral, no es un berrinche ni nada que se parezca sino que es consecuencia de la serie de acciones que se vienen realizando desde el día siguiente de la primera vuelta, cuando sorpresivamente Semilla ocupó el segundo lugar y pasó al balotaje. Antes de ese resultado el MP no había movido un dedo ante las denuncias, presentadas por el mismo partido político, sobre anomalías en la recolección de firmas pero, súbitamente, todo cambió cuando Arévalo pasó a la segunda vuelta.
Y desde entonces no han cesado las acciones que se perciben con poca objetividad, no sólo al partido político sino también a sus candidatos y a la misma autoridad electoral que ha sido objeto de persecución totalmente inaceptable en el marco de un proceso electoral. Y tomando en cuenta el papel que ha venido jugando el Ministerio Público no se le puede creer que su esfuerzo es por una objetiva investigación de algún delito, puesto que si algo les ha caracterizado en estos últimos tiempos es la flagrante decisión de meter bajo la alfombra cualquier caso de corrupción.
La cacareada búsqueda de protección del interés de algún ciudadano por esclarecer un delito que le afecta debiera traducirse, simple y llanamente, en la investigación de los escandalosos casos de corrupción que hasta han costado vidas. ¿Cuántas se perdieron por el sucio negocio de la compra de vacunas a los rusos?
Por todo ello las explicaciones del Ministerio Público no llegan a convencer a ninguno, ni aquí ni en el extranjero.
