Tras la solicitud de Amparo presentada por Consuelo Porras, que persigue una orden para usar la fuerza contra los manifestantes que piden su renuncia y, además, limitar el ejercicio del derecho a la libre expresión en las redes sociales, donde muchos ciudadanos han pedido su renuncia, el resultado ha sido totalmente adverso para ella porque ahora no son unos cuantos ciudadanos sino se generó un clamor que cada vez va tomando fuerza. El derecho de petición y el derecho a la libre emisión del pensamiento son sagrados, aunque ambos le molesten a una funcionaria que se puso, por su propia cuenta y voluntad, en el ojo del huracán.
El clamor para que renuncie Porras, con todo y sus principales servidores, surge como consecuencia de las maniobras que se vienen realizando para evitar que se consume la voluntad popular expresada en las urnas, tanto en primera como en segunda vuelta, y que confirman la sensación ya existente de un terrorismo judicial contra la democracia implementado por el sistema corrupto de Guatemala que no quiere perder miles de millones de quetzales. No es una petición antojadiza e injustificada, sino algo con asiento en hechos concretos que evidencian la forma en que ha venido actuando la persecución penal en estas elecciones.
La diferencia ahora es que el 25 de junio la ciudadanía empezó un proceso de rechazo total a las prácticas corruptas de un sistema podrido y el 20 de agosto ese rechazo se materializó con el triunfo de los candidatos Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Sin entender la dimensión de ese mandato popular, Consuelo Porras ha instruido a sus fiscales para que vayan cerrando la rosca hasta ahogar, por completo, el proceso electoral. La consecuencia es lo que se siente ya mediante ese creciente clamor para que presente su renuncia junto al encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
La ausencia de investigación de casos burdos de corrupción realizados desde el mero centro del poder contrasta con la agilidad extrema que se tiene para proceder para impedir ese triunfo electoral, así como se ha venido haciendo con los actores de cualquier forma de lucha contra ese flagelo que, al fin, hartó al pueblo de Guatemala. Y nadie de los que votaron para cambiar el modelo se queda impávido ante los desesperados esfuerzos que se vienen realizando para impedir que se pueda concretar la investidura presidencial de Arévalo.
Por ello es que en esta ocasión un Amparo presentado para pedir que la fuerza pública actúe con fuerza, valga la redundancia, ante cualquier protesta que se haga contra el comportamiento de la Fiscal desató una avalancha de reacciones ciudadanas muy firmes y categóricas para exigir el fin de este período de abusos legales y que ahora se ven contra la democracia.
