Dentro de las maniobras que vienen saliendo para invalidar el proceso electoral en el que ganó por amplio margen el candidato Bernardo Arévalo, ahora se han presentado acciones de antejuicio contra tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral acusados del delito de haber permitido la posteriormente revocada inscripción de Manuel Baldizón. Evidentemente se trata de una maniobra para minar la credibilidad y autoridad del TSE buscando afectar seriamente la expresión popular libremente realizada el pasado domingo.
En realidad es un caso como para decir “el comal le dice a la olla” porque si algo es incuestionable es que Baldizón presentó su solicitud de inscripción luego de que el Ministerio Público facilitó, por omisión, su salida de prisión después de haber sido deportado, debidamente enchachado, por los Estados Unidos luego de haber cumplido allá su pena por otro delito, distinto a los que forman parte de su proceso en Guatemala. Y todo ocurre después de que todos los guatemaltecos lo vimos entrando una noche a las instalaciones del MP, en plena protesta ciudadana contra Consuelo Porras y Curruchiche, misteriosa situación que se “explicó” diciendo que a esas horas inhábiles había llegado a firmar en el marco de la libertad que tan fácilmente obtuvo.
No hay que insistir en el contraste de casos como el de varios fiscales que, a puro tubo, permanecen en la cárcel, con la situación de Baldizón y tantos otros sindicados de casos puntuales de corrupción que van recibiendo la libertad mediante el pago de una fianza. Pero el colmo es que ahora venga ese mismo MP, el que reaccionó muy tardíamente a la decisión judicial de dejar en libertad a Manuel Baldizón, a proceder contra los magistrados que votaron a favor de su inscripción como candidato en el partido que organizó junto a sus hijos.
Todos sabemos que en Guatemala la ruptura del Estado de Derecho ha trastocado las normas y valores que contiene nuestro ordenamiento y por ello tanto Baldizón como otros que han sido favorecidos por la “justicia” pudieron inscribirse. Incluyendo a la misma Sandra Torres a quien Giammattei ayudó en su proceso a cambio de los votos de su partido para muchos asuntos que necesitaban aprobar en el Congreso.
El manoseo de la justicia cada vez se hace con mayor descaro y, obviamente, la desesperación que provoca un resultado electoral que no estaba en los planes de quienes tienen el control del país, hace que se proceda muy burdamente. La diferencia, sin embargo, es el papel actual del ciudadano que ya no está para apañar ni tolerar los manoseos y los abusos.