Ayer el Presidente Giammattei dio garantía al Secretario General de la Organización de Estados Americanos de que habrá segunda vuelta el 20 de agosto, renovando lo que él califica como su “compromiso con la democracia y el respeto a la voluntad popular”. Si nos atenemos a la historia, las promesas del gobernante no significan, en absoluto, una garantía, no obstante lo cual hay que señalar que en este caso se trata del enviado de la OEA, quien vino a trasladar la profunda preocupación que hay por posibles obstáculos a la voluntad popular.
El panorama sigue siendo sombrío porque el mecanismo del terror contra los que deben digitar los datos y contra las juntas electorales puede significar que alguna gente decida no comparecer ese día para no verse expuesta a la persecución del terrorismo judicial que está en marcha en el país. Y el gobierno se lavaría las manos, culpando al Tribunal Supremo Electoral (TSE), si por falta de Juntas Receptoras De Votos o de digitadores se crea un caos el día de la elección de segunda vuelta.
Existiendo, como definitivamente los hay, esos maravillosos vasos comunicantes entre el gobierno y el Ministerio Público, sería sano que Giammattei pida al ente “autónomo” que cese en sus acciones para aterrorizar a quienes puedan ser parte de los comicios desde responsabilidades que tengan que ver tanto con la recepción de los votos como con la digitalización de los resultados. Porque todo mundo sabe que si el Ministerio Público sigue actuando en ese tipo de investigación-persecución, las consecuencias pueden ser cabalmente las que algunos analistas intuyen, es decir, que mediante el acoso de la justicia se ahuyente a los voluntarios o digitadores contratados.
De manera formal y categórica, Giammattei garantizó a Almagro que el 20 de agosto se realizará la segunda vuelta, pero por supuesto, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos hablará con representantes de la sociedad que le expondrán las tortuosas piedras que se van colocando en el camino para aniquilar la expresión ciudadana que se ha manifestado en contra de un sistema tan corrupto como impune.
Y es que la preocupación es generalizada respecto a lo que puede ocurrir de aquí a esa fecha y también los posibles sucesos de ese día que puedan enturbiar la expresión popular manifestada en las urnas. Nadie con dos dedos de frente puede suponer que no hay motivos de preocupación o que son infundados los temores porque, como han dicho todos los analistas serios, la utilización de la persecución penal puede generar lógico y fundado terror entre digitadores y receptores del voto.
