Editorial
En la foto: La fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche y el juez del Juzgado Séptimo, Fredy Raul Orellana Letona. Fotos: Archivos / La Hora. Diseño: La Hora.

En 1993 una disputa por los frutos de la corrupción, entre el Presidente Jorge Serrano Elías y un Congreso que fue escalando el precio que por cada voto debía pagárseles, produjo lo que se conoce en nuestra peculiar historia como el Serranazo, es decir, un Golpe de Estado propiciado por el mismo Presidente para destruir la institucionalidad del país y convertirse en amo y señor de todos los fondos públicos.

Algo similar está ocurriendo ahora cuando, tras el inesperado resultado electoral que había sido tan bien planificado para que a segunda vuelta llegaran solo los que habían pactado con ellos, usando al Ministerio Público (MP) en lugar de un cuartel, se propina otro Golpe para desmoronar el orden constitucional y la democracia.

La “acción legal”, si así se pudiera llamar a tamaño mamarracho que solo aplauden en la Presidencia y en la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), fue dictada por el mismo tribunal que se ha usado para procesar a los que resultan molestos para el régimen y consiste en una orden judicial para eliminar a Semilla del escenario político.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional y es superior a cualquier ley penal, prohíbe la cancelación de los partidos en medio de un proceso electoral, pero según esos “expertos” en derecho, eso no aplica cuando el presidente, el sistema de justicia y el MP, que ya sólo cuentan con el apoyo de esos netcenteros, se proponen desmoronar la elección.

Importante y digna de mención y reconocimiento las reacciones de las cámaras empresariales porque esto no es de un partido o de unas elecciones, es de la democracia en todo su sentido.

Serrano se sintió acorralado por un Congreso que quería para sí los frutos de la Corrupción y para librarse de ellos dispuso disolver el poder legislativo, lo que generó una reacción prácticamente unánime de la sociedad que rechazó el acto arbitrario. En su soledad, apoyado nada más por sus ministros dispuestos a reprimir a cualquiera, no entendió la dimensión del rechazo y como resultado terminó huyendo del país.

Hoy se viven horas idénticas en cuanto al abuso de poder y en cuanto al rechazo de la sociedad. Al día de hoy todos, individuos y organizaciones, rechazan el burdo proceder de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que ni siquiera se tomó la molestia de buscar a un juez con menos color para dar lo que posiblemente en el futuro quizá se bautizará de manera peculiar como fue con el Serranazo.

La reacción de la población, de los empresarios organizados y de la comunidad internacional ha sido clara y categórica en el rechazo a esta nueva maniobra que constituye un burdo Golpe de Estado y, como venimos advirtiendo, se vienen horas críticas para el futuro del país dado el empecinamiento para evitar la segunda vuelta electoral que tiene implicaciones claras en la democracia del país.

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