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El jueves 6 de julio de 2023, las Junta Electorales Departamentales, completaron la revisión de actas electorales que había ordenado la Corte de Constitucionalidad, de manera arbitraria, puesto que era materia para la Corte Suprema de Justicia conociera primero. Foto: José Orozco.

El proceso electoral se ha convertido en un trámite áspero en el que se impide avanzar sin dificultad a los candidatos que tienen que ir a la segunda vuelta. No es una situación casual, sino totalmente premeditada, producto de componendas que se hicieron sobre la marcha tras el sorpresivo resultado de la elección presidencial, lo cual alteró todos los escenarios previstos por quienes se han encargado de la absoluta cooptación de todas las instituciones, con el fin no solo de alentar la corrupción, sino de retorcer las leyes en busca de impunidad. Y, de paso, perseguir a quienes se convierten en voces molestas para el sistema.

En ese contexto se deben entender todos los acontecimientos que empezaron a manifestarse el mismo domingo 25 de junio, por la noche cuando se puso en marcha un plan de emergencia que persigue devolver la calma perdida a quienes tanto se esforzaron por pactar con diferentes actores para garantizarse paz y tranquilidad a partir del 14 de enero.

Ayer las Juntas Departamentales completaron la revisión de actas que había ordenado de manera espuria la Corte de Constitucionalidad, que no tenía facultades para conocer de un amparo interpuesto en contra del Tribunal Supremo Electoral, materia que es competencia de la Corte Suprema de Justicia. La primera ponencia que se hizo en la CC (por un magistrado que debió inhibirse por tener interés directo, ya que entre los solicitantes estaba el partido de su candidata, Zury Ríos) iba con todo para traerse al suelo el proceso y fue moderadamente revisada. Pero el objetivo de todos modos se logró porque se ordenó al TSE no validar los resultados.

Y es que, en el peor de los casos para la mafia, el hecho de que se atrase lo más que se pueda la convocatoria a la segunda vuelta significa que los candidatos no pueden realizar campaña y eso puede operar en desventaja de quién compite por primera vez y, “casualmente”, no es parte de los famosos y tenebrosos pactos que se hicieron con multitud de partidos políticos y candidatos para que la elección fuera una especie de compadre hablado.

Las nuevas acciones que están presentando partidos que obtuvieron resultados insignificantes pretenden servir la mesa para que se declare nulo todo el proceso de manera más que arbitraria. Por supuesto que es jugar con fuego, pero a muchos de los actores eso les importa un pepino porque se están jugando la protección del sistema de cooptación de la justicia que les permite alentar esperanzas de salir bien librados de procesos en su contra.

La voluntad popular contra el sistema fue clara y categórica y no se puede pisotear impunemente. Nacional e internacionalmente hay muchos ojos vigilando los pasos de la mafia.

 

 

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