La ley establece claramente cuáles son los procedimientos que deben seguirse en caso de probar alguna anomalía en un proceso electoral y lo que dice esa ley se tiene que cumplir y observar, como ocurre con todas las leyes en cualquier país del mundo. Sin embargo, Guatemala es caso aparte porque el Estado de Derecho desapareció mediante el control de todas las cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, y el manoseo de la ley ha sido tan evidente en los últimos tiempos que sería ingenuo hacerse ilusiones de que ahora, cuando está en juego la impunidad, las cosas van a hacerse de modo diferente.
Existe una coordinación entre diversos partidos para llevar el caso de las anomalías en los centros de votación ante la Corte de Constitucionalidad, bajo el pretexto de exigir un nuevo conteo de votos que no aparece en la ley. En el fondo, lo que buscan es la anulación de todo el proceso electoral. Ese mecanismo, el del recuento, no está contemplado en ninguna ley ni en la Constitución, pero como la actual CC actúa de acuerdo con las instrucciones que reciben de quienes controlan todo el sistema y su institucionalidad, crece entre esos partidos la esperanza de que se anule todo lo actuado.
La CC tiene la palabra y debe apegarse a lo que establece la ley. Expresan en el comunicado de los amparos que analizan la “viabilidad” de los recursos.
Entre los partidos que están promoviendo la acción figura la misma UNE que ya pasó a segunda vuelta, pero aparentemente sus dirigentes y candidatos sienten que no puedan ganar en agosto y prefieren ver cómo se anula todo para buscar la manera de que, en un nuevo proceso, Semilla y Arévalo corran la suerte de Thelma Cabrera, de Roberto Arzú y de Carlos Pineda.
Obviamente es jugar con fuego porque aunque no lo quieran reconocer, la ciudadanía envió un clarísimo mensaje el 25 de Junio, especialmente si observamos el ausentismo electoral, el voto nulo y en blanco, así como los votos que inesperadamente fueron a favor de Semilla, partido al que se vio como opción antisistema. El cálculo dice que el ciudadano guatemalteco aguanta con todo y que fuera de un par de alharacas, al final de cuentas el manotazo de un Golpe de Estado Técnico, puede concretarse.
Se vienen horas decisivas para el futuro del país y la ciudadanía tiene que estar atenta a los acontecimientos porque, literalmente, se está jugando el futuro. Casi tres cuartas partes de los ciudadanos se expresaron contra el sistema perverso que sirve para que los fondos públicos terminen en maletas de propiedad privada.
La Corte de Constitucionalidad no puede crear un nuevo orden constitucional y legal. Su función es garantizar el respeto al Estado de Derecho y no debe nunca crear, mediante sus disposiciones, una nueva Constitución.
