La justicia es administrada por el poder judicial que debe actuar conforme al derecho, la razón y la equidad, pero que también debe observar el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, según la definición del Diccionario de la Lengua Española. Desde hace décadas aquí hay situaciones en las que los resultados de esa administración reflejan profunda injusticia, como cuando vemos la forma en que se hacen negocios inflando el precio de las medicinas o las obras, sin que nadie mueva un dedo para castigar esos hechos y en medio de eso nos enteramos de la condena que inhabilita al abogado Justino Brito Torrez, quien deberá volver a su antiguo oficio de albañil para ganarse la vida.
Brito era empleado en el bufete de Juan Francisco Solórzano Foppa y en esa calidad participó en la defensa del periodista José Rubén Zamora y decidió acogerse a la aceptación de cargos ante las acusaciones hechas en su contra por el Ministerio Público (MP) y la Fundación Contra el Terrorismo. La inhabilitación le deja sin capacidad de ejercer la profesión que, desde que obtuvo el título de abogado, es su medio de vida, viéndose ahora privado de todo por el fallo emitido por la “justicia guatemalteca”.
El mismo juez que los condenó reconoció que Brito siguió órdenes y en la reparación que se les ordena tras la condena, el juez también hizo diferenciación y, por tanto, no se entiende que la inhabilitación haya sido igual para ambos abogados. Estas son las cosas que, dentro del caso Zamora, dejan un sabor de boca que va más allá de la justicia per se puesto que aquí siempre hemos dicho que hay cosas que explicar y dejando eso claro, hay acciones y actitudes del MP y el juez que dejan mucho que desear.
Al día de hoy siguen habiendo casos que ya deben estar cerrados porque así lo dispuso la Corte de Constitucionalidad (CC) pero al día de hoy el MP se rehusa en algo que, insistimos, va más allá de la justicia porque buscan tener “agarrados” a algunos por cosas que jurídicamente no tienen sustento.
El principio de justicia no se puede entender si no se refiere a la equidad y aquí vemos cómo los escándalos de corrupción continúan sin la menor reacción, ni de las autoridades que están llamadas a investigar la ruta de los dineros ni, tristemente, de la misma sociedad que paga los elotes. Y es que la equidad debiera traducirse en que esos crímenes, que no solo son de corrupción sino de lesa humanidad, porque están robando a costillas de la salud y bienestar de miles de personas, debieran ser tramitados, al menos, con la misma diligencia que termina mostrándonos la paradoja de una justicia que resulta en muchas ocasiones absolutamente injusta.
Creemos que la perversión de la justicia es posiblemente el peor efecto de ese absoluto control del Estado y todas sus instituciones, porque se ensaña contra algunos, pero se hace de la vista gorda ante los escándalos de corrupción que mantienen a la gente en la pobreza y que lejos de generar el castigo se ven alentados por la certeza de impunidad.
Duele realmente escuchar a ese abogado que se ve obligado a volver a su antiguo oficio de albañil, mientras que quienes se forran con millones mal habidos y con el escandaloso sobreprecio de las medicinas y las obras, pueden gozar tranquilos de su fortuna.
