El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se nutre de las cuotas que pagan patronos y trabajadores para garantizar no solo atención médica a los afiliados, sino la protección en casos de incapacidad total o parcial y, llegado el momento, la jubilación. En otras palabras, cada centavo que entra al IGSS pertenece a los trabajadores afiliados y por ello es que resulta tan dañina la deuda que el Estado mantiene en el pago de sus cuotas patronales, porque ese déficit afecta a todos.
Y lo mismo se debe decir de cualquier compra sobrevalorada que se haga en la institución y en el caso que recién investigó La Hora, de un escandaloso sobreprecio en la adquisición de dos medicamentos cuyo valor de mercado es exageradamente inferior a lo que paga la institución de servicio y protección social.
Un Amparo fue emitido para garantizar el derecho de los afiliados a la salud mediante el suministro de los medicamentos Plavix y Aprovel. Tras el debido proceso, ese amparo fue ratificado en las distintas instancias, de suerte que el IGSS está obligado legalmente a proveer a sus afiliados que lo necesiten esas dos medicinas específicamente, razón que se usa para justificar la adquisición a sobreprecio de ambos fármacos. El Amparo de referencia no se refiere en absoluto al tema del precio del producto y, como pasa tan frecuentemente en el país, las decisiones judiciales que pudieron haber sido dictadas de buena fe, se prostituyen y terminan sirviendo de pretexto para la consumación de sucios negocios.
Hay antecedentes de decisiones de la Junta Directiva del IGSS en las que se han declarado nulos algunos procesos de adquisición de medicamentos o insumos cuando ese cuerpo colegiado detecta que hubo algún mal manejo o que la compra es contraria a los intereses de la institución y de sus afiliados. Exactamente eso es lo que procede ahora, porque es una absoluta vergüenza el sobreprecio que se pagó en la última negociación para adquirir Plavix y Aprovel.
En este escandaloso negocio no se puede postergar la decisión de la Junta Directiva del IGSS para proceder, de inmediato, a anular el contrato multimillonario que fue descubierto en un trabajo de investigación realizado por La Hora. Los escandalosos montos del sobreprecio bastan y sobran para que, de manera inmediata, se convoque a la directiva para conocer la negociación y anularla, sin perjuicio de las investigaciones que debiera hacer el Ministerio Público sobre tamaño trinquete.
Repetimos que cada centavo que se roba o se usa mal en el IGSS se le está arrebatando al fondo para las prestaciones de los trabajadores y eso no se puede permitir.
