No es simplemente un robo de dinero público, sino un robo al dinero de los afiliados y sus patronos que mes a mes cubren sus cuotas en el IGSS. Foto La Hora: Archivo.

 

La aceptación de cargos en el caso denominado “Negociantes de la Salud” deja al descubierto las enormes deficiencias que hay en el manejo de las compras que realiza el Estado y cómo la necesidad de atención médica de los guatemaltecos se usa para la realización de negocios que no sólo repercuten en el erario público, sino que terminan encareciendo todos los medicamentos que, aquí, cuestan mucho más que en cualquier lugar del mundo.

La aceptación de cargos es un procedimiento abreviado que beneficia a quienes incurrieron en un delito y, al aceptar su culpa, reciben una condena menor de la que les correspondería en un proceso normal. Los implicados pidieron una disculpa al pueblo de Guatemala por lo que hicieron, pero eso no debe ser el fin del caso. Por el contrario, el análisis de cómo se procedió y lo que se lucró con esos negocios es algo que se debe estudiar a fondo para crear mecanismos de control que no faciliten la realización de nuevos negocios de igual naturaleza.

Si tuviéramos realmente una Contraloría de Cuentas digna de tal nombre, este es el momento en que debieran estar analizando paso a paso la ejecución de ese negocio con la salud y, a partir de ese análisis, tendrían que estar, inmediatamente, no sólo haciendo la propuesta de reformas sino incrementando sus mecanismos de control. Por supuesto que ya sabemos que eso es una simple utopía porque, si acaso, la lección que se extrae ahora de esa aceptación de cargos es la de conocer cómo imitar lo que hicieron quienes aprovecharon las debilidades del sistema.

El perdón solicitado debe ir acompañado de un arrepentimiento serio y categórico que, por supuesto, debiera significar alguna forma de resarcir los daños causados. No olvidemos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una entidad que vive de las contribuciones de patronos y trabajadores, con el agregado de que el Estado no paga su cuota correspondiente y está en mora. En otras palabras, no es simplemente un robo de dinero público, sino un robo al dinero de los afiliados y sus patronos que mes a mes cubren sus cuotas en el IGSS.

Pero lo menos que se puede esperar como consecuencia del reconocimiento que hacen sobre la exactitud de los cargos presentados en su momento es que aprendamos en el mejor sentido de la palabra y que ese aprendizaje nos sirva para evitar que haya nuevos saqueos similares, tanto en el IGSS como en todo el sistema de salud y en el régimen de compras del Estado.

Redacción La Hora

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