El amparo provisional otorgado al partido Cambio, que pertenece a la familia de Manuel Baldizón, para anular la Asamblea General del partido Prosperidad Ciudadana, inhabilitando al partido y por lo tanto dejando fuera a Carlos Pineda, viene a sacudir aún más el proceso electoral. Las denunciadas anomalías en la Asamblea de esa organización partidaria fueron señaladas en su momento por el departamento de Organizaciones Políticas del TSE, pero no fueron tomadas en cuenta y por lo tanto validaron, con el respaldo del del Tribunal Supremo Electoral, que inscribieron las planillas del partido.
Cuando estamos ya en la carrera contra reloj para la impresión de papeletas, Pineda tiene que recurrir a la Corte de Constitucionalidad en un desesperado esfuerzo por revertir la decisión que le deja fuera y con los antecedentes de cómo opera el sistema de justicia, su cuadro se ve en realidad complicado. En ese sistema no se mueve la hoja el árbol sin que así lo decida el gran poder y ese ya se manifestó con la resolución del amparo provisional.
Desde el principio de este proceso el tema de la falta de confianza en la autoridad electoral ha sido constante y se viene a renovar nuevamente cuando se ve que no tomaron en cuenta las deficiencias de una Asamblea Nacional de un partido político que omitió aspectos específicamente requeridos. En el momento de esa Asamblea, Pineda no era aún candidato a la Presidencia, pero resulta que el partido que lo postuló incumplió requisitos claros, lo que dio lugar a que al anularla, el partido quedara sin capacidad legal de postular a nadie.
Volvemos a insistir en que el mayor problema de Guatemala está en cómo, para alentar la corrupción, se destruyó el Estado de Derecho y por lo tanto no se puede tener plena confianza en las resoluciones judiciales en las diferentes instancias. Precisamente para mantener ese control fue que se prorrogó maliciosamente el mandato de todos los magistrados y se eligió a una CC ad hoc para garantizar, de manera final y absoluta, ese manoseo del régimen de legalidad, ajustado a los intereses de quienes gobiernan.
Se vienen horas decisivas pero, lo más importante, la confianza en el proceso de elecciones se sigue erosionando por la falta de transparencia legal en el manejo de las distintas situaciones. Y en la expresión de los otros candidatos, al afirmar que respetan y confían en el “debido proceso” se indica que cualquiera de ellos aspira a continuar con ese sistema de justicia en el que si algo no existe es, cabalmente, el debido proceso.
