El 3 de mayo anualmente se celebra en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa luego de que la Asamblea General de Naciones Unidas así lo declarara hace 30 años, en 1993. Y es que dentro de los derechos del hombre que fueron proclamados por la misma ONU, figura el derecho a expresarse libremente y el de los pueblos a estar informados, como esencia de la vida democrática, por lo que, como bien dijera Carlos García Bauer en un libro, el tema es “preocupación universal”.
Este año en Guatemala hay más por qué preocuparse que razones para celebrar esa libertad porque, según los criterios de los operadores de justicia, comentar o cuestionar sus actuaciones es algo distinto a lo que la Constitución garantiza en el sentido de que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. La Carta Magna, esa que en el sistema de justicia se pasan por el arco del triunfo, no hace excepción ni dice que esa tajante afirmación no incluye a los funcionarios encargados de aplicar la ley.
Es ya cantaleta que las publicaciones relacionadas con los distintos procesos sean calificadas como obstrucción de la justicia si contienen críticas y denuncias, no digamos imputaciones. Y siendo abogados los que repiten la letanía que surgió de la actual FECI, lo primero que tendrían que hacer es leer, por lo menos el artículo 35 de nuestra Constitución que tiene una clarísima redacción en relación a este tema.
Hoy en día si alguien cuestiona, por ejemplo, que un juez o fiscal diga que hay una conspiración para obstruir la justicia simplemente porque en algún medio se les crítica y cuestiona por actos estrictamente relacionados con el ejercicio de sus cargos, corre el riesgo de ser procesado por el supuesto delito de obstrucción de la justicia. Y con la Corte de Constitucionalidad que tenemos, que no responde al texto y el espíritu de la Constitución sino a lo que le conviene a quienes maniobran en las turbulentas aguas de la corrupción, es imposible hacer valer el sagrado derecho constitucional a la libre expresión.
El ejercicio de la libre expresión nunca ha sido fácil porque mientras más objetiva y profesionalmente sea, mayor será la cantidad de personas inconformes. Si la prensa no es alfombra es vilipendiada tanto por funcionarios o políticos porque cualquier crítica o señalamiento molesta a quienes, rodeados de lambiscones, se han acostumbrado a elogios.
