El hecho de que una de más grandes cadenas de producción y venta de pizza del mundo, Domino’s, se viera obligada a cerrar sus operaciones en el Municipio de Villa Nueva, parte del área metropolitana, es una realidad que tenemos que entender en su justa dimensión porque, en última instancia, está replicando las penas de infinidad de emprendedores nacionales.
En efecto, la extorsión que se ha enseñoreado del país afecta de manera muy directa a empresarios de todo tipo que deben cerrar sus negocios porque la presión de la extorsión resulta demasiado grande y peligrosa.
Hace ya muchos años que en distintos lugares, desde colonias o barrios de todos los municipios del país la gente se siente afligida y presionada por la exigencia de la extorsión; muchos tienen que abandonar sus viviendas porque no hay forma de impedir ese agobio cotidiano que destruye la vida de muchas personas y familias.
Las denuncias que se presentan ante las autoridades resultan poco eficaces para contrarrestar la permanente presencia de esos grupos criminales que, aún desde la cárcel en algunos casos, logran poner a los honrados de rodillas.
El caso de Domino’s recibe toda la atención mediática por el tamaño y lo que significa esa empresa para los guatemaltecos y sirve para ejemplificar a los muchos dueños de tiendas de barrio que se ven obligados a abandonar el negocio que es su sustento diario porque terminan trabajando para pagar la extorsión. Eso es otro de los factores que subyacen en el tema de la migración, puesto que para el honrado y trabajador la vida en Guatemala se hace sumamente difícil.
No creemos que para combatir esas formas de crimen organizado se deba recurrir a la supresión arbitraria de los derechos humanos, pero sí creemos que el papel que juegan las autoridades encargadas de la investigación criminal es totalmente insuficiente para proporcionar la elemental seguridad que el ciudadano honrado requiere.
Ya vivimos muchos años en los que mediante la famosa “limpieza social” se mató a mucha gente pensando que así se erradicaría la criminalidad y el resultado fue totalmente adverso.
La destrucción del sistema de justicia, puesto al servicio de intereses perversos, contribuye a generar esa tremenda impunidad que hace que los delincuentes se puedan sentir absolutamente cómodos, porque saben que tanto la investigación como el juicio penal están reservados para quienes están en la mira de quienes tienen el control de esas instancias.
Si el cierre de una tienda de barrio no afecta la imagen del país como atractivo para las inversiones, el cierre de Domino’s sí que lo hace.
Urge que los ciudadanos más comprometidos, tomen cartas en el asunto.
