Entre la enorme cantidad de partidos políticos que participan en la contienda electoral son muchos los que ya están presentando sus planes de trabajo, pero llama la atención el notorio desinterés por lo que ocurre con la justicia en el país y su absoluto control para fines alejados a la justicia, que permiten avenidas de impunidad y corrupción.
No es función de quien gane la presidencia resolver el problema, pero sí del partido que llegue y que seguramente maniobrará para tener el control del Congreso de la República porque es allí donde se consagra, mediante la elección de magistrados, esa captura del sistema judicial. Prueba de ello, es que siguen aquellos que debieron irse hace años y siguen operando para los políticos que manejan el sistema.
Los actuales magistrados fueron electos como parte de un pacto entre Baldizón y Sinibaldi, quienes influyeron en las postuladoras para incluir a candidatos debidamente apalabrados. Ya se pasaron tres años del fin de su mandato y siguen actuando como si tuvieran la autoridad legal y moral para administrar la justicia y han ido, poco a poco y de manera conveniente, resolviendo unos casos, entreteniendo otros y diligenciando algunos (no todos) nuevos que parecen no tener mucho soporte.
Sin Estado de Derecho no puede funcionar adecuadamente un país porque sus ciudadanos estarán sujetos a los caprichos de quienes pueden influir en la forma de resolver en las diferentes instancias judiciales. Ningún ciudadano se puede sentir seguro de sus derechos porque los mismos dependen, al fin de cuentas, de lo que sobre cada uno de los casos digan los juzgadores que responden a otros intereses, muy ajenos al verdadero imperio de la ley.
Por ello es que los partidos políticos, si tomaran en serio la realidad nacional, tendrían que destacar dentro de sus prioridades la recuperación de la independencia y ética en la administración de justicia, terminando con ese profundo y grave control que no solo se refleja en la impunidad, sino muy especialmente en la ausencia de las necesarias garantías para el derecho del ciudadano honesto y cabal.
Al contrario de eso, las propuestas de los partidos se ven inundadas de un populismo barato que pretende atraer votos con promesas como otorgar bonos salariales a diestra y siniestra o la falacia de combatir la violencia con la pena de muerte. Pero la realidad nacional queda siempre opacada por ese discurso que intenta, literalmente, engañar a una sociedad indiferente que no atina a entender su condición ni, mucho menos, la vulnerabilidad que la falta de un Estado de Derecho genera.
La verdadera joya de la corona de los que manejan el sistema de corrupción ha sido el absoluto control que tienen sobre todo el sistema encargado de la correcta aplicación de la ley, desde muchas de las mismas investigaciones penales hasta las sentencias en las más altas cortes, incluyendo la de Constitucionalidad, que también es parte de la jugada y el control soñado. Y de eso, nuestros políticos ni hablan.
