Ayer el Tribunal Supremo Electoral, luego de las reacciones unánimes de rechazo a la inscripción fraudulenta de Manuel Baldizón, dio marcha atrás revocando su propia resolución para reconocer que el proclamado candidato, cuya inscripción ordenó el TSE, no posee la idoneidad que la Constitución requiere. Por supuesto que buscaron la forma de salir en caballo blanco, diciendo que el Ministerio Público no les había dado la información sobre los procesos Odebrecht y Transurbano, en los que aparece ligado el político que fue condenado en Estados Unidos, pero no dijeron nada de la aberrante interpretación de soberanía que hicieron.
En primer lugar, hay que decir que el mismo Ministerio Público los evidenció como farsantes porque demostró que toda la información la tenía la autoridad electoral y que hasta este MP ponga en su sitio a una entidad como el TSE significa mucho, tomando en cuenta el papel que viene jugando la entidad a cargo de la persecución penal. Pero debe destacarse también que el TSE no se retracta de su aberrante y burda interpretación de la soberanía que expuso al decir que una condena a un criminal en el extranjero no significa absolutamente nada en Guatemala y que un delincuente confeso puede participar en la política criolla como persona idónea.
Ocurre que fue tal la andanada de críticas y tan burda la postura que asumieron los tres magistrados que votaron a favor de la inscripción de Baldizón que no les quedó otro remedio que dar marcha atrás porque ya habían comprometido, irremediablemente, la credibilidad de la autoridad electoral de cara a las elecciones de este año. Ya sabemos que al menos la mayoría de los magistrados mandan la ley, la lógica y la razón por un tubo, porque tienen compromisos que deben cumplir con quienes los designaron para esos importantes cargos y que antepondrán esos acuerdos bajo la mesa al mismo interés nacional y la pureza del sufragio.
El reculón de los tres magistrados no es digno de encomio porque es un reconocimiento de lo aberrante que pueden ser en sus resoluciones alejadas por completo de la ley que rige la materia en la que ellos son la suprema autoridad. Por el contrario, es la muestra irrefutable de un comportamiento que, con todo descaro, retuerce la ley para favorecer a sus patrocinados a quienes les deben el cargo y, por supuesto, ese paso atrás no remedia el daño causado a su credibilidad, sobre todo cuando vemos que recurren a mentiras para justificarse. Queda pendiente ver si en todos los casos de proceder arbitrario van a rectificar esos magistrados.
