La vieja película de Cantinflas, una de las más célebres del reconocido artista mexicano, se viene a la mente cuando leemos la información publicada por el medio Prensa Libre sobre la decisión del Ministerio Público de iniciar el proceso para la adquisición de sofisticados equipos de extracción forense que permitan decodificar contraseñas y acceder a mensajes, ubicaciones geográficas, historial de llamadas y demás información, existente o borrada, de celulares con sistemas Android, iOS y Black Berry, a efecto de que la información pueda ser utilizada en la investigación criminal.
Muchos países disponen de ese tipo de equipo para perseguir distintas formas de crimen y acelerar investigaciones y el MP dijo, según la publicación del referido medio, que “el Ministerio Público es una institución seria, objetiva e imparcial. Su labor es investigativa, tal y como lo establece la ley”. Y por eso decimos que “Ahí Está El Detalle”, puesto que lo que más se cuestiona del trabajo del MP es cabalmente la falta de objetividad, imparcialidad y seriedad que demuestran sus actuaciones selectivas, que ignoran todo lo relacionado con la corrupción, pero se ensañan con quienes son o han sido profesionales que luchan contra ese flagelo.
Entendemos la importancia de investigaciones serias que permitan atacar las diversas formas de crimen que afectan a una sociedad y la existencia de mecanismos que permitan que profesionales serios y autorizados por los tribunales de justicia, investiguen datos que puedan existir en teléfonos de los sospechosos. El problema está en que al disponer de esos equipos pueden ser bien usados o aprovechados para realizar espionaje en contra de personas que caen en el radar de la institución porque a sus autoridades les desagrada el trabajo que realizan.
Por ello es que insistimos tanto en lo que conlleva la ruptura del Estado de Derecho, puesto que en un país donde las leyes son respetadas, especialmente por sus autoridades, no causa preocupación la existencia de esos mecanismos que, mal utilizados, se pueden convertir en piezas de espionaje más que de investigación.
Recurriendo a argumentos como el de la reserva o a autorizaciones de jueces “competentes”, que forman parte de un Organismo Judicial ad hoc y al gusto del cliente, no hay plena garantía del respeto a la privacidad de personas que no tienen vinculaciones criminales.
Eso significa que lo urgente, lo vital para hablar de una eficiente lucha contra el crimen mediante la investigación del delito, es recuperar la seriedad, objetividad e imparcialidad que sirven para garantizar a los ciudadanos el respeto a sus derechos inalienables y fundamentales.
