El sentido común es elemental para comprender muchas de las leyes vigentes y en esta nuestra realidad plagada de patrañas hechas para confrontar y polarizar más a la sociedad, es preciso recurrir a él para no dejarnos engañar de manera tan burda. Si alguien se dedica a comprar carros robados, ya sea para coleccionarlos o para revenderlos, por supuesto que no cabe hablar de respeto al derecho de propiedad si, al ser descubierto, se le despoja de esos bienes mal habidos, aunque no faltará quien diga que esa acción de “despojo” es un acto de socialismo.
Para quienes norman su vida por los valores y principios religiosos es sabido que no basta la confesión de los pecados, pues es preciso que esa confesión vaya acompañada de arrepentimiento y, si se hizo daño a alguien o se le robó, es obligado reparar el daño o devolver lo mal habido. Hay padres de familia que al ver a sus hijos aparecer con algo que no les pertenece les obligan a devolverlo, aunque ello signifique pasar una vergüenza. De nada serviría un castigo o una regañada si el hijo, tras soportar la llamada de atención, puede disfrutar libremente de lo que adquirió de mala manera.
Viene todo lo anterior ante el tonto argumento sobre la ley de Extinción de Dominio, marcándola como una normativa socialista atentatoria contra el régimen de propiedad. La propiedad de cualquier bien debe ser, ante todo, legítima para generar ese derecho absoluto a ser respetada, situación que no se da cuando, por ejemplo, es producto de algún crimen, como puede ser el lavado de dinero o también el pago o la recepción de jugosos sobornos. Por eso hemos sostenido que la famosa Terminal de Contenedores Quetzal, producto de un soborno de Pérez Maura a Otto Pérez Molina, no pudo ser patrimonio legítimo del español y tampoco tenía el derecho a venderla, ni los holandeses, que hicieron las debidas diligencias de investigación antes de la operación, a comprarla.
No digamos las maletas con cantidades millonarias localizadas en una casa en Antigua Guatemala. Nadie puede reclamar la propiedad de ese dinero pues el mismo es producto de la corrupción y, por lo tanto, la extinción de dominio es absolutamente lógica y obligada.
Hay muchos argumentos para beneficiar a los corruptos y para dejarlos que gocen tranquilamente de sus bienes, pero eso de afirmar que la extinción de dominio es una ley socialista constituye una burda payasada. Debieran ser honestos y expresar su real intención de dejar a los pícaros disfrutar de lo mal habido.
