Abundan las razones legales y técnicas para exigir al Presidente el veto del Decreto 30-2022 mediante el cual se autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo, Codedes, a ejecutar en el año electoral 2023 los fondos que no se usen durante este año. Pero lo peor de esa norma legal es que se constituye en una forma “legal” de financiar las campañas de todos los Alcaldes que se alineen con el oficialismo porque esos fondos serán controlados por los Gobernadores y ese dinero es un especial atractivo para apuntalar al partido de gobierno que se verá reforzado con la incorporación de varios jefes de Ayuntamientos que, ansiosos, recibirán ese dinero para sufragar sus gastos de campaña.
El financiamiento electoral ilícito dejó de ser un problema en la estructura legal guatemalteca porque, de hecho, fue despenalizado al ya no ser tipificado como un crimen y con ese Decreto aprobado maliciosamente por el Congreso se abre un multimillonario chorro de dinero que no sólo usarán este año sino que tienen garantizado ya para el año próximo, cuando se realizarán elecciones.
Debemos entender ese Decreto como parte de los planes que se vienen elaborando para la materialización de un fraude electoral que puede superar por mucho a los que se perpetraron durante la época de los gobiernos militares de 1970 a 1982. Porque es el gancho para atraer a quienes en los distintos municipios pueden movilizar a electores mediante compra de votos que aseguren no sólo la reelección del Alcalde sino el triunfo del oficialismo con diputados y el candidato que finalmente figure en la papeleta presidencial que, a la luz de la realidad, hasta podría ser el mismo gobernante, avalado por una Corte de Constitucionalidad que declare que el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección es violatorio de un derecho humano.
Hemos venido alertando a la ciudadanía sobre el tenebroso plan que ya está en marcha para la materialización de un fraude que será más estrepitoso que el perpetrado en la Universidad de San Carlos para imponer al Rector Magnífico de esa casa de estudios. Y como aquí todo gira alrededor del dinero que es el recurso que sirve para comprar voluntades y lealtades, el Congreso no dio palos de ciego cuando aprobó el Decreto de referencia puesto que lo hizo entendiendo claramente lo que se busca y pretende.
Que vaya contra principios claros de la Ley de Presupuesto sale sobrando porque precisamente para violar la legalidad es que han hecho la cooptación de todas las instituciones de justicia y de persecución penal.
