Históricamente el papel de la Contraloría General de Cuentas de la Nación ha sido prácticamente irrelevante en materia de efectiva fiscalización para asegurar el buen uso de los recursos del Estado. De hecho, si hubiera cumplido su función a lo largo de los años, las gavetas del Ministerio Público estarían absolutamente saturadas de tanta denuncia que debió presentarse por el mal manejo de los fondos públicos que, como bien dijera aquel extranjero que vino a Guatemala a “contribuir” con el país, “aquí no hay obra sin sobra” y ello debiera traducirse en auditorías constantes para frenar los sistémicos vicios.
Si la Contraloría, enfocada en el manejo de los recursos, no fuera presa del poder político del país los resultados para Guatemala podrían ser tales como para cambiar el rumbo, porque a ello se sumaría el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que tiene rastro completo del dinero, desde que sale del Estado hasta que para en cuentas que no tienen nada que ver, o en cuentas abiertas en China, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros.
Quedó ya conformada la lista de postulados de la cual el Congreso tendrá que escoger a quien asuma el cargo de Contralor de Cuentas para el próximo período y la selección ocurrió en un momento especial por el destape de la forma en que se procede para las contrataciones en este gobierno que fue electo por un pueblo harto de la corrupción. Truncar un oscuro meganegocio podía significar que se cayeran los acuerdos en torno a los 6 que iban a pasar para la Contraloría porque al fin y al cabo, tales negocios, la elección del Contralor, el Presupuesto 2027 y el proceso electoral del año entrante, están todos amarrados.
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Viendo lo que pasó con los puentes y con el Presupuesto 2027, del mismo cuero saldrán las correas para alcanzar los acuerdos en torno a la elección del Contralor que permitan una plena consolidación del colapsado modelo que tenemos, que fue la razón por la que eligieron a Semilla y Arévalo.
El Presidente, al justificar la contratación para construir tres puentes, cuestionada por La Hora debido a evidencias concretas del descomunal sobreprecio, dijo que dejaría en manos de la Contraloría el tema y que se sujetaría a lo que dictaminara la institución. Si el Ejecutivo sabe que para “controlar” al Congreso necesita a los constructores de obra pública y vemos que la nueva primavera se tradujo en los mismos descarados negocios de siempre, entendemos que para mantener los pactos en la elección de Contralor, no se podía caer el negocio de los puentes.
Hemos sabido que esa institución no va a cuestionar en absoluto los contratos que despertaron serias sospechas de sobreprecio, lo cual justifican por la existencia de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y algunas personas comentaron que esa decisión fue resultado de una negociación con quien de verdad manda en el país, para que se elija como próximo contralor a alguien de confianza del actual titular de esa dependencia. Oscuros operadores de procesos de elección de segundo grado volvieron a escena. Y los hechos parecen confirmarlo plenamente, puesto que de los seis postulados, dentro de los que deberá elegir el Congreso al substituto de Helmuth Bode Fuentes, al menos cuatro tienen vínculos con él, según análisis realizado por el Movimiento Pro Justicia luego de que se conociera el listado final el pasado domingo por la tarde.
Y deberían haber ponderado las ilegalidades que cometió el Micivi al tenor del artículo 95 de la Ley de Infraestructura, porque por mantener acuerdos están dando paso a que todo lo que se haga en base a ese artículo, será un cheque en blanco y un arma para hacer lo que se les “ronque la gana” como se dice en buen chapín.
Si tras un mandato popular tan claro y expreso como el que permitió la investidura de Bernardo Arévalo como Presidente las cosas no solo han seguido como estaban sino hasta ha aumentado el valor de las obras que se negocian, no podría esperarse que la Contraloría pasara de zope a gavilán sufriendo una transformación que le hiciera cumplir con deberes que muy pocas veces ha cumplido a lo largo de la historia.
Si el mismo sistema de justicia se convirtió en fachada para garantizar impunidad y facilitar cualquier “obra con sobra”, ingenuo era suponer que tanto la Postuladora como el Congreso van a hacer algo para ponerse la soga al cuello, con alguien que vaya a fiscalizar como corresponde.
Dados los pactos del sistema y las necesidades de mal utilizar el dinero de la gente, lo que pasó y pasará en la Contraloría, facilitará la consolidación del sistema.
