El refranero popular nos dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve, pero en el caso del diablo que desde hace ya muchos años tiene controlado al sistema de justicia de Guatemala, está demostrando que el mal agradecimiento no es parte de sus defectos. Por el contrario, el caso de la solicitud de orden de captura planteada por el Ministerio Público contra el “fiscal del pueblo” como él se autodenominaba, Rafael Curruchiche, nos demuestra que ese viejo refrán no aplica para el comportamiento de los administradores de justicia.
Cuando venció el período de Consuelo Porras, quien estuvo ocho años como fiel servidora de ese tenebroso diablo, se pensó que bastaba con elegir un fiscal diferente para cambiar las cosas, pero los casos iniciados contra Curruchiche y el también exfiscal Saúl Sánchez, vienen a enseñarnos cuán difícil va a ser que salgamos del atolladero que se montó desde el manoseo de las famosas Comisiones de Postulación. La designación de jueces competentes a la Corte Suprema de Justicia, tribunal colegiado que desde hace décadas sirve al diablo de la impunidad, obliga a que mantengan especial cuidado en el control sobre la forma en que los juzgados de paz y de instancia, administran la justicia.
De entrada, en los casos contra Curruchiche y Sánchez, la Jueza de Diligencias Urgentes, María Belinda Sandoval, había rechazado la captura, pero ordenó una audiencia de primera declaración; luego el proceso fue trasladado, nada más y nada menos, que al tribunal que dirige el muy conocido y notorio Juez Fredy Orellana, de quien no hay que hacer una gran presentación porque la ciudadanía sabe perfectamente la manera en que operó de manera muy coordinada con el mismo Curruchiche y con todo lo que llevaba el visto bueno de Consuelo Porras.
El nuevo MP ha avanzado en investigaciones internas que traerán, sin duda, muchos casos que debieran ser procesados en los tribunales del país pero, lamentablemente, todo tiene que ir a esa inmensa torre que alberga a los operadores del diablo de la corrupción y la impunidad.
Por lo visto, el derecho y la justicia no verán por ahora una primera declaración de Rafael Curruchiche, el árbitro de fútbol que no tiene visa y al que le hace sentir cerca de Estados Unidos su gorra roja del presidente Trump. Las sanciones permanecen tan fuertes y firmes como decía ser el MP.
El camino para salir del diablo que controla la justicia es largo y sin duda complejo, pero este caso nos advierte que si nos quedamos de brazos cruzados, jamás vamos a superar ese repugnante atolladero.
