Gobierno planteará nueva estrategia de seguridad ante frentes de violencia

Diego Estuardo Guzmán

El repunte de hechos de violencia registrados durante el fin de semana ha orillado al Ministerio de Gobernación a anunciar un replanteamiento de la estrategia de seguridad actual, con la que pretende responder a distintos frentes de violencia que, de acuerdo con la cúpula de seguridad, han comenzado a modificar su comportamiento en el país.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, aseguró que el incremento de homicidios, particularmente los 24 fallecidos contabilizados solo el pasado sábado 24 de julio, obliga a revisar los operativos que actualmente se desarrollan junto con el Ejército y a reenfocar los recursos hacia las áreas y horarios donde se concentra la violencia.

“Ha llegado el momento de replantear también la estrategia como tal”, afirmó el funcionario, quien explicó que este mismo lunes sostendría una reunión con el Ministerio de la Defensa para redefinir los operativos conjuntos.

LA VIOLENCIA CAMBIÓ DE PATRÓN EN GUATEMALA

El Mingob sostiene que uno de los principales desafíos es el desplazamiento de la violencia hacia sectores con menor presencia policial, y en donde antes no operaban.

Según Villeda, los resultados que se han conseguido con el Plan Centinela Escuintla y Metropolitano provocaron que los grupos terroristas se trasladaran hacia otros puntos del país con menos control por parte de la policía, que no eran considerados prioritarios en el plan por la baja o nula incidencia criminal.

Además, indicó que otro fenómeno que preocupa a las autoridades es que una parte importante de los homicidios ocurre dentro de viviendas.

Explicó que este es un escenario donde la actuación policial está limitada por las restricciones legales para ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial o sin flagrancia. Esto surge a raíz del ataque armado ocurrido en Boca del Monte, Villa Canales.

En ese mismo contexto, Villeda también fue consultado sobre la posibilidad de que exista una estrategia para desestabilizar al Gobierno mediante el incremento de la violencia.

El funcionario respondió que, hasta ahora, no existe evidencia concreta de un complot con ese fin. No obstante, aseguró que junto al fiscal general, Gabriel García Luna, se mantiene una línea de investigación para determinar si grupos criminales financian a partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular y afirmó que, de encontrarse pruebas, ambas instituciones actuarán conforme a la ley.

ANALISTAS: LA ESTRATEGIA DEBE PARTIR DE LA INTELIGENCIA

Para el analista en seguridad Mario Mérida, replantear una estrategia requiere primero actualizar el diagnóstico sobre el que fue construida.

«El replanteamiento de la estrategia pasa inicialmente por una actualización del contexto, que sirvió de base para definir la estrategia; sin esto no tiene sentido ninguna propuesta», explicó.

Respecto al desplazamiento de la criminalidad al que se ha referido el Gobierno, Mérida considera que el fenómeno puede responder tanto a la intención de los grupos criminales de mezclarse entre la población para evitar capturas como a acciones destinadas a distraer a las fuerzas de seguridad.

«Considero que se trata de acciones distractoras para mantener a la policía alejada de sus áreas de interés», afirmó.

Por su parte, Jorge Ortega, experto en seguridad, coincidió en que el desplazamiento de la delincuencia es un comportamiento esperado cuando aumenta la presión policial.

«Definitivamente, eso sucede como alternativa; por eso es necesario aumentar la red de información en las áreas periféricas que sirven de refugio a los integrantes de estructuras delincuenciales», señaló.

Para Ortega, mantener los operativos en las zonas identificadas es importante, pero considera indispensable fortalecer el componente de inteligencia.

«Es necesario mantener la presión en las áreas identificadas, pero se debe aumentar el proceso de inteligencia, con una red de información en las áreas periféricas», indicó.

Julio Rivera, analista en seguridad, señaló que cualquier estrategia de seguridad pública debe tomar en consideración el comportamiento de los homicidios y otros indicadores de violencia para establecer nuevas tácticas y medir resultados.

A su criterio, además de las acciones operativas, se debe exigir resultados a las instituciones encargadas de inteligencia e investigación criminal, como la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y el Ministerio Público.

El analista explicó que cuando se intensifican los operativos en determinadas áreas, las estructuras criminales suelen buscar nuevos espacios para operar, por lo que el trabajo de inteligencia debe desarrollarse de manera paralela a las acciones policiales.

«Cuando se intensifican los operativos en áreas específicas, siempre se produce un desplazamiento a otras áreas, por lo que el trabajo de inteligencia debe correr paralelo a los operativos policiales, para determinar lugares probables de desplazamiento criminal», afirmó.

Rivera agregó que la información obtenida por los cuerpos de inteligencia civil y policial es determinante para mejorar los resultados de los operativos y fortalecer las investigaciones.

«La inteligencia civil y policial juega un papel determinante para complementar los operativos policiales, a mayor cantidad de información convertida en calidad de inteligencia, el resultado en los operativos tiene una mayor posibilidad de cumplir con sus objetivos, aparte de que esta información fortalece la investigación criminal», remarcó.

OTRO PLAN: MEDIDAS MÁS GRAVES PARA PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS

Como parte del replanteamiento, el Mingob también anunció que presentará al Congreso una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal con el objetivo de impedir que las personas capturadas portando armas de fuego sin licencia puedan acceder a medidas sustitutivas.

Villeda argumentó que quienes circulan armados sin autorización representan un riesgo para la seguridad pública y, según la experiencia de la policía, frecuentemente están vinculados a la comisión de delitos graves.

Durante la conferencia de la cartera, el titular puso como ejemplo capturas recientes de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, quienes, según inteligencia, presuntamente se dirigían a cometer ataques armados.

Sobre esta propuesta, Mérida considera que el endurecimiento legal podría tener efectos si se fortalece desde la legislación penal.

«Creo que tendría impacto si se incorpora al Código Penal como agravante. Es decir, no queda a criterio del juez la decisión», sostuvo.

En la misma línea, Ortega afirmó que la legislación no debería contemplar beneficios para quienes porten armas sin registro o sin licencia.

Rivera coincidió en que cualquier modificación legal orientada a evitar beneficios para personas capturadas con armas ilegales debe ser respaldada, debido a que quienes portan armas sin autorización no cumplen con los requisitos establecidos para obtener una licencia legal.

«Las licencias de portación son extendidas a personas que cumplen con la ley», señaló.

«LIMPIEZA SOCIAL», OTRO DE LOS FRENTES

Además del desplazamiento de la violencia y los hechos vinculados con pandillas y extorsiones, Villeda indicó que las autoridades mantienen investigaciones sobre grupos de «limpieza social», luego de un ataque ocurrido en San Benito, Petén, donde cuatro personas fueron asesinadas.

El ministro explicó que la principal línea de investigación apunta a una estructura que ha decidido «tomar la justicia por propia mano», la cual, aseguró, ya fue identificada y es investigada en coordinación con el Ministerio Público.

Según Villeda, el objetivo es realizar capturas y desarticular a estos grupos, al considerar que sus acciones constituyen homicidios y representan otro fenómeno de violencia que el Estado busca contener dentro del replanteamiento de su estrategia de seguridad.

¿CÓMO EVALUAR SI LA NUEVA ESTRATEGIA FUNCIONA?

Los expertos consultados por La Hora indicaron que el éxito del replanteamiento no deberá medirse únicamente por el número de operativos o capturas.

Mérida considera que uno de los principales indicadores será la disminución de hechos violentos de alto impacto, como los ajusticiamientos y el abandono de cadáveres en la vía pública.

Ortega, por su parte, propone una evaluación más amplia, que incluya la percepción de seguridad de la población, una mayor comunicación entre comunidades y autoridades, la reducción del espacio de movilidad de la delincuencia, el fortalecimiento de la organización comunitaria, canales seguros de denuncia y medidas preventivas como iluminación, cámaras de videovigilancia y sistemas de alarma.

Rivera agregó que para evaluar la estrategia también es necesario comparar distintas fuentes de información criminal, como los datos de autopsias por hechos violentos con armas de fuego o armas punzocortantes, los registros de la PNC y la información relacionada con el manejo de escenas del crimen del MP.

Según explicó, esta comparación permitiría establecer un diagnóstico más preciso sobre el comportamiento de la violencia, además de apoyarse en información de tanques de pensamiento y observatorios criminales.

Aunque el Gobierno anunció que reforzará los operativos con el Ejército, ambos analistas coinciden en que la inteligencia debe ocupar un papel central dentro de la nueva estrategia.

Para Mérida, la participación militar debe mantener un carácter disuasivo, aunque también puede aportar al diseño estratégico mediante el Sistema Nacional de Inteligencia contemplado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

Ortega enfatizó que la inteligencia constituye el principal elemento para combatir a las estructuras criminales.

«Sin inteligencia, es como caminar a oscuras», expresó.

Asimismo, señaló que una estrategia efectiva debe concentrarse en neutralizar a las pandillas, al considerar que de estas estructuras derivan fenómenos como la extorsión y el narcomenudeo.

Rivera también resaltó que el combate contra las maras debe ser uno de los principales objetivos dentro de cualquier estrategia de seguridad.

«Todo el esfuerzo tiene que darse en el combate de las maras. Estas estructuras criminales no solo son altamente peligrosas, sino que tienen de rodillas a la población y a las instituciones de seguridad», afirmó.

Villeda recordó que este 2026 existe una tendencia a la baja en los homicidios; sin embargo, hechos como la seguidilla de cuerpos en bolsas plásticas encontrados en la vía pública, los disturbios ocurridos en la cárcel de Puerto Barrios en Izabal, y el reciente fin de semana violento obligan a las autoridades a mejorar la estrategia para contener a los grupos criminales.