Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Continuando con la odisea para reparar mi vehículo, le indiqué que me la llevara a la agencia del automotor para ver si no existía en el Departamento de Repuestos la pieza respectiva. Transcurrido un lapso de tiempo, llegó el vendedor y al mostrarle la pieza me indicó que no existía en plaza, en las bodegas de la agencia. Al preguntarle el precio me dijo que era Q4,000 y no Q6,000, y que la podían traer en 30 días si yo pagaba el 100% anticipadamente. Le pedí una proforma; no escribió la marca ni el número de la pieza.
Tomé la pieza físicamente, me dirigí a dos empresas vendedoras de repuestos, en la primera no había, y en la segunda encontré una pieza idéntica, con un precio de Q680.00, lo que me permitió que se reparara de inmediato el vehículo y ahorrarme Q3,320. Corolario, estaban de diferente manera subestimándome como consumidor.
Ese ejemplo se repite todos los días y el Ministerio de Economía y la dirección de protección al consumidor brillan por su ausencia, lo mismo se aplica en alimentos, en medicamentos y en bienes de consumo.
Es evidente que a pesar de los muchos años que existe, un embrión del Ministerio de Economía, no se ha desarrollado, y por ello el consumidor sigue siendo abusado económica y éticamente.
En Chile existen no solo entidades gubernamentales velando todos los días por el consumidor, sino tribunales especiales que han condenado por millones de millones de dólares a cadenas de farmacias, a supermercados, a productores y vendedores de pollo por su abuso.
Qué impide que en Guatemala se desarrolle la legislación e instituciones que protejan a la ciudadanía, este gobierno que recién se inicia podría ser un ejemplo de cambio.
En el Congreso de la República desde hace varios años existe una Comisión de Protección al Consumidor que la han presidido distinguidos diputados y diputadas, que tiene una infraestructura física de recursos humanos y de asesoría, pero tampoco se ha desarrollado y así como en la plaza y en algunos otros lugares ha habido manifestaciones en búsqueda de mejora y cambio, por qué no pueden los diputados en el Congreso desarrollar la legislación y las instituciones que protejan al 99% de los guatemaltecos que son abusados como consumidores.
El diputado o los miembros de la comisión que tomen una actitud activa y agresiva encontraran un enorme campo donde actuar y también se distinguirán ante la población que podrá comprobar que hay un grupo de “representantes del pueblo” que está ejerciendo la soberanía que se les delegó a favor de esos millones de consumidores.
El Ministerio de Economía y el Congreso de la República podrían establecer un número telefónico, un correo electrónico, un sistema electrónico, en donde pronunciar y donde denunciar todos esos abusos que diariamente se producen y que afectan directamente la bolsa de todos los compradores.
También se debe de normar para que las garantías que se otorgan al comprar cualquier producto sean garantías reales y que sean las mismas que se otorgan en los países donde se fabrican los productos; por ejemplo, si en Japón, en Corea o en Taiwán un televisor, un computador, una impresora, tienen tres años de garantía, por qué en Guatemala, quienes las venden, le dan seis meses o un año.
El presente tema es enorme, veamos si el Gobierno, en el Ejecutivo o en el Legislativo, actúa y progresa.
¡Guatemala es primero!
Continuará.
