POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

Luego de semanas de discusión y de reuniones en diferentes departamentos del país, hoy finaliza la primera fase de los diálogos para las reformas constitucionales al sector justicia.

La primera fase consistió en la socialización de las reformas con representantes de la sociedad civil y autoridades de Gobierno, en diferentes niveles.

En esta etapa diferentes agrupaciones, autoridades locales, comunidades y colectivos tuvieron la oportunidad de opinar respecto a los aspectos que, a su parecer, deben reformarse en cuanto a la aplicación y sistema de justicia.

Los organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representados por distintos funcionarios, así como autoridades del Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asistieron a estas mesas de diálogo.

El Ejecutivo informó que hoy por la tarde se oficializará el término de la primera fase, de manera pública, para dar paso a la segunda, que consiste en la presentación de un anteproyecto de reformas.

En esa actividad, el presidente Jimmy Morales y los demás representantes de organismos darán a conocer las conclusiones de estos diálogos y las propuestas que recibieron de sectores civiles.

Hasta ahora, se conoce poco de las sugerencias que han destacado en las mesas de diálogo. No obstante, semanas atrás el procurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque, adelantó que una de las propuestas que más ha llamado la atención fue la designación compartida del fiscal del Ministerio Público.

La propuesta consiste en que sean los presidentes de los tres poderes del Estado, quienes elijan al jefe del MP y no sea una decisión exclusiva del Presidente de la República.

También el antejuicio ha sido un tema de discusión, que se ha ventilado a partir de declaraciones cruzadas entre el mandatario y la fiscal General Thelma Aldana.

El paquete de reformas es parte del “Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia”, un proyecto que pretende la discusión, aprobación e implementación de reformas legales concretas al sistema de justicia que contribuyan a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.

El presidente Morales lanzó la convocatoria al Diálogo Nacional el pasado 2 de febrero y lo inauguró en abril ante la presencia de autoridades nacionales e internacionales, así como miembros de la sociedad civil organizada.

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