El jueves pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Asociación de Energía Renovable (AGER), dentro del proceso de consulta al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal, Quiché por el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.
Pero, ¿qué significa el amparo?
El amparo no resuelve si la consulta al pueblo ixil debe realizarse o no, ni si el acuerdo ministerial es válido.
Lo que hace es ordenar al presidente Bernardo Arévalo, que supervise al Ministerio de Energía y Minas (MEM) en el proceso como medida que garantice que se lleve a cabo el debido proceso para que las actuaciones del ministerio relacionadas con la consulta se ajusten al orden constitucional y legal vigente, mientras, la CC analiza el caso de fondo y toma una decisión definitiva.
La resolución por tanto, da también un plazo a la CC para poder resolver.
El amparo fue promovido por la AGER en contra el Acuerdo Ministerial 145-2026/SG, emitido por el MEM y publicado el 27 de abril de 2026 en el Diario de Centro América, el cual hace referencia a que se desarrolle o lleve a cabo la consulta al pueblo ixil sobre el proyecto Palo Viejo, el cual se encuentra en operación desde 2012.
El Acuerdo Ministerial del MEM hace referencia a restituir el derecho de la comunidad para opinar y alcanzar acuerdos sobre las consecuencias, los riesgos, las medidas de mitigación, reparación, compensación o participación en los beneficios del proyecto.
A inicios de julio, la CC suspendió dicho acuerdo al emitir un amparo provisional a Empresa Agrícola San Francisco Cotzal, S. A.; Agrícola Cafetalera Palo Viejo, S. A., y a José Antonio Sánchez Boche.
La resolución también deja constancia de que el proyecto Palo Viejo cuenta con autorizaciones administrativas otorgadas con anterioridad, un dato que la propia Corte señala que deberá valorarse cuando emita el fallo definitivo.
El pasado 9 de julio, el El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentaron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Acuerdo 145-2026.
Según el CACIF dicho acuerdo vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre jurídica al regular un proceso de consulta que, a su criterio, excede las competencias del Ministerio de Energía y Minas, explica la entidad.
La Corte de Constitucionalidad, a la opinión pública hace saber:
En el siguiente enlace puede consultar las resoluciones y votos:https://t.co/S0ZXbeGmx7 pic.twitter.com/NNn2FjEBqY
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 17, 2026
De acuerdo con el CACIF y la Cámara de Industria, al emitir el MEM habría excedido el marco de sus atribuciones, al desconocer actuaciones administrativas e institucionales previas, acuerdos alcanzados anteriormente y disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Según las entidades, esta situación vulnera principios constitucionales como la legalidad, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica.
Las organizaciones explicaron que las acciones de inconstitucionalidad buscan que el reglamento quede sin vigencia, con base en lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Según el sector empresarial, el objetivo es restablecer el orden constitucional y evitar futuras afectaciones a proyectos de inversión y desarrollo que, afirman, benefician al país.
HISTORIA DEL PROYECTO PALO VIEJO
En enero de 2007, la empresa italiana Enel Green Power (a través de subsidiarias locales como Agrícola Cafetalera Palo Viejo, S.A.) obtuvo la autorización del gobierno guatemalteco y del entonces alcalde de Cotzalpara instalar el proyecto.
Según reportes de la época, esta autorización se dio sin haber llevado a cabo la Consulta Previa, Libre e Informada al pueblo maya ixil, un punto que después reconoció el propio MEM en el Acuerdo 145-2026.
El proyecto fue desarrollado con una capacidad de 84 megavatios. La construcción generó fuerte oposición comunitaria: las comunidades organizaron bloqueos de las carreteras de acceso al proyecto en 2011, paralizando la construcción durante cuatro meses, en reclamo por daños ambientales, falta de consulta y de reparto justo de beneficios.
La hidroeléctrica comenzó operaciones en marzo de 2012, utilizando el afluente del río Cotzal. En marzo de 2013 (algunas fuentes citan 2012), la municipalidad de San Juan Cotzal y Enel Green Power firmaron un convenio por 20 años en el que la empresa se comprometió a aportar Q2.3 millones anuales para desarrollo local.
