Fotografía de archivo donde aparecen dos agentes de la Patrulla Fronteriza mientras atienden a unos niños en un punto del área conocido como Quitobaquito, en la frontera de Arizona con México. Foto La Hora: EFE
Fotografía de archivo donde aparecen dos agentes de la Patrulla Fronteriza mientras atienden a unos niños en un punto del área conocido como Quitobaquito, en la frontera de Arizona con México. Foto La Hora: EFE

El estado de Arizona (EE.UU.) llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que frena la apertura de un centro de detenciones en una bodega en la ciudad de Surprise hasta que se haga un estudio de impacto al medioambiente, informó este miércoles la Fiscalía estatal.

La Oficina de la Fiscal del Estado de Arizona, Kris Mayers, anunció el acuerdo que por el momento frena la adecuación del lugar y la detención de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de 1.500 camas.

Este acuerdo responde a una demanda interpuesta por la oficina de Mayers en contra de DHS el pasado abril cuestionando el impacto a la comunidad que tendría la apertura del centro de detenciones.

Dos personas suben y colocan una pancarta sobre la paz en la cima del Empire State Building en Nueva York

El Gobierno federal adquirió una gigantesca bodega en la ciudad de Surprise para convertirla en un nuevo centro de detención, un proyecto con un costo inicial de 70 millones de dólares y gastos operativos estimados en unos 180 millones de dólares anuales.

La noticia causó un gran descontento entre miembros de la comunidad, políticos y defensores de los migrantes, quienes cuestionaron la apertura de este centro cerca de una escuela secundaria y barrios primordialmente hispanos.

«Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprice, las agencias federales deben de seguir la ley y llevar a cabo los estudios del impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos», dijo Mayers en un comunicado.

Bajo el acuerdo, DHS y ICE se comprometen a no renovar de ninguna de forma la estructura, incluyendo demoliciones, hasta que el estudio esté terminado.

La compra de depósitos en varios estados y su transformación en centros de detención forman parte de la dura política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.

Artículo anteriorUnión Europea asegura que la Usac enfrenta «grave crisis» y llama a garantizar el Estado de derecho
Artículo siguienteVenezuela apura los últimos rescates una semana después de los terremotos