Los partidos políticos reconocidos legalmente como instituciones de derecho público deben dar certeza y credibilidad a la población, así como dar ejemplo quienes se postulan para puestos públicos en los procesos electorales; evitar el transfuguismo, la venta de candidaturas y cumplir con los postulados que regula la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional. Sus fallos deben ser resueltos en las instancias electorales, aplicando la ley con apego a derecho, que tiene “supremacía” en los efectos comiciales.
Resulta difícil que una población empadronada con más de nueve millones de electores para sufragar en el país y los que radican en el extranjero, sean subordinados a la decisión de los dirigentes de las instituciones políticas y se les obligue mediante paga o soborno para afiliarse a una entidad de derecho público. Como lo hemos señalado en espacios similares, los entes electorales no tienen ideología política; son, y así hay que considerarlos, empresas comerciales que se venden al mejor postor.
En los procesos preelectorales y electorales nacen a la vida jurídica comités pro partidos políticos. La mayoría son grupos reciclados que en los procesos electorales no alcanzan los sufragios necesarios para seguir como entes de derecho público y lograr colocar en el Congreso a un diputado, como claramente indica la ley de la materia.
Se puede hacer un análisis del perfil de los candidatos a puestos de elección popular que son inscritos como aspirantes mediante pagas millonarias, según la ubicación de su inscripción. Esa situación ha sido una constante en los procesos electorales, tanto para candidatos al Legislativo como para las corporaciones municipales.
En el último proceso electoral, la ex fiscal general María Consuelo Porras intentó dar “un autogolpe de Estado”, judicializando las elecciones y aplicando la ley contra el crimen organizado, donde jueces como Fredy Orellana y Gimmy Bremer, así como otras instancias judiciales, se prestaron al juego sucio y corrupto de la exfuncionaria del citado ente investigador.
Se conocen ya nombres de supuestos candidatos presidenciales, alcaldes y diputados que pretenden postularse para el próximo proceso electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son nóveles funcionarios electorales, a excepción de uno de ellos, que tiene experiencia en el ramo, pues antes de ser elegido para esa magistratura fue secretario general del órgano electoral.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento han sido reformados con parches de “güizaches” sin experiencia. Antes de que se proceda a emitir el decreto de convocatoria de las elecciones generales, es urgente que los magistrados electorales y los funcionarios de ese organismo logren que los diputados, especialmente los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, impulsen una reforma a fondo de la obsoleta Ley Electoral, evitando especialmente no solo el transfuguismo, sino también la recepción de fondos provenientes del narcotráfico, que son piezas vitales en los procesos electorales. Asimismo, se debe instruir a la Contraloría General de Cuentas para auditar los fondos millonarios de los partidos políticos, de manera que los procesos electorales sean efectivamente la columna vertebral de un verdadero Estado de derecho.
Que los candidatos que se postulen a puestos de elección popular, tanto presidenciales como para diputados y corporaciones edilicias, sean ciudadanos de alto perfil y no simples sujetos populistas sin ninguna preparación. Ejemplos de estos aspirantes hay muchos. Un caso es el del expresidente Jimmy Morales, quien de ser un comediante de televisión saltó a la presidencia con su lema “ni corrupto ni ladrón”, pero fue defraudado por quienes compartieron puestos de importancia en su administración. Qué decir del exgobernante Alejandro Giammattei, quien contó con la colaboración de la ex fiscal Porras y vive a cuerpo de rey, al igual que Miguel Ángel Martínez Morales, conocido como “Miguelito”, quien pasó de ser un personaje poco conocido a manejar importantes recursos económicos.
El proceso electoral está a las puertas para que se convoque el otro mes y los magistrados, así como todos los funcionarios del organismo electoral, deben dar certeza de credibilidad, honradez, decencia y confianza para que la población con derecho a sufragar acuda masivamente a las urnas y vote no por popularidad, sino por capacidad, decencia y honradez. Que Guatemala sea vista a nivel nacional e internacional como una nación democrática, republicana y representativa, tomando en cuenta que observadores internacionales serán testigos de las próximas elecciones.
Hay que acudir a las urnas con libertad. No permitir la reelección de diputados y alcaldes que se han aferrado a las curules y a las varas edilicias subvencionados por narcotraficantes y el crimen organizado.
