El abogado constitucionalista Edgar Ortiz impulsa, desde la asociación civil Poder Ciudadano, una reforma para modificar la elección de magistrados, eliminar las comisiones de postulación y crear un nuevo diseño institucional para la justicia. Tras quince años estudiando el tema, en entrevista con La Hora asegura que el país enfrenta una oportunidad histórica para cambiar una arquitectura que, a su juicio, terminó subordinando a los jueces al poder político.
Ortiz dice que no habla de una revolución. Tampoco de refundar el Estado. Rechaza incluso la idea de una asamblea constituyente. Lo suyo, dice, es mucho más modesto y, precisamente por eso, más viable: modificar los engranajes que durante décadas han permitido que la política termine colonizando la justicia.
El jurista presentó ayer, junto con su esposa, la comunicadora Marjorie von Ahn, la asociación Poder Ciudadano, una plataforma que nace con una ambición poco frecuente en la sociedad civil guatemalteca: impulsar una reforma constitucional que corrija instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.
En los últimos años, las cortes han decidido sobre procesos electorales, megaproyectos de infraestructura, investigaciones por corrupción, compras públicas y conflictos entre poderes del Estado.
La justicia dejó hace tiempo de ser un asunto reservado para abogados y se convirtió en uno de los principales escenarios de la disputa política, han explicado con anterioridad analistas.
Ortiz cree que precisamente ahí reside la urgencia de la reforma.
“Estos últimos años nos demostraron el enorme daño que puede causar una justicia que no funciona. Hoy prácticamente todos los grandes problemas del país terminan resolviéndose en un tribunal”, sostiene durante una conversación en la que alterna referencias comparadas y antecedentes históricos.
La iniciativa no pretende cambiar toda la Constitución. Busca intervenir únicamente aquellas piezas que, según sus impulsores, explican buena parte de la crisis institucional: las comisiones de postulación, la duración de los mandatos de los magistrados, la administración del Organismo Judicial y el sistema de incentivos que, aseguran, favorece la dependencia política de quienes deberían actuar con independencia.
UNA NUEVA REFORMA
Para Ortiz, la reforma no empezó hace seis meses, cuando un pequeño grupo de especialistas comenzó a redactar el documento que hoy se encuentra abierto a consulta pública en el portal de Poder Ciudadano y sujeto a comentarios para su presentación final. Comenzó mucho antes.
Recuerda su participación como voluntario en ProReforma, el proyecto impulsado en 2008 por el empresario Manuel Ayau desde la Universidad Francisco Marroquín. Después llegaron las discusiones promovidas por distintos sectores académicos, las mesas sobre justicia convocadas tras la crisis de 2015 y años observando de cerca el funcionamiento de las comisiones de postulación, hasta hace unos meses cuando fue comisionado de la elección del Tribunal Supremo Electoral.
“Llevo quince años estudiando estos temas. He visto cómo una propuesta tras otra termina archivada y cómo el sistema reproduce los mismos incentivos”, afirma.
Desde los Acuerdos de Paz, Guatemala ha acumulado múltiples intentos de reforma constitucional sin conseguir modificar la estructura del sistema de justicia. El Congreso ha conocido diversas iniciativas impulsadas por sectores empresariales, universidades y organizaciones civiles, pero ninguna logró completar el recorrido institucional hasta convertirse en norma.
Incluso la consulta popular derivada de las reformas de 1998 terminó rechazada por los votantes, cerrando un ciclo que aún no encuentra continuidad. Para Ortiz, ese historial no demuestra que las reformas sean imposibles, sino que el país ha evitado enfrentar un problema estructural.
“Existe un consenso muy amplio entre especialistas de distintas corrientes ideológicas sobre que el modelo actual no funciona. Lo que cambia son las soluciones que cada quien propone”, añadió.
FIN DE LAS COMISIONES DE POSTULACIÓN
La propuesta presentada por Poder Ciudadano parte de una premisa sencilla: las comisiones de postulación, concebidas originalmente como un mecanismo de equilibrio, terminaron convirtiéndose en espacios de negociación política, asevera Ortíz.
Según el documento elaborado por la asociación, el problema no es únicamente quién integra esas comisiones, sino la lógica misma sobre la que operan. Los procesos de negociación, las alianzas coyunturales y los conflictos de interés —incluyendo comisionados que simultáneamente aspiraban a magistraturas— habrían convertido el sistema en un mecanismo vulnerable a la captura política.
Por eso la iniciativa propone eliminarlas y sustituirlas por un modelo permanente basado en méritos, con nombramientos escalonados, mandatos más largos y sin posibilidad de reelección.
También plantea la creación de un Consejo de la Judicatura y Magistratura que concentre las funciones administrativas y de carrera judicial, separándolas de la función estrictamente jurisdiccional.
La idea es sencilla: que los magistrados se dediquen a juzgar y no a administrar presupuestos, nombramientos o contrataciones. “La independencia judicial no solo debe existir frente al poder político. También debe existir dentro del propio Organismo Judicial”, explica Ortiz.
LA JUSTICIA COMO CONTRAPESO
Ortiz sostiene que una democracia puede soportar gobiernos débiles, congresos fragmentados o administraciones ineficientes, siempre que exista un sistema judicial capaz de corregir los excesos del poder.
Cuando ese contrapeso desaparece, afirma, el deterioro institucional se acelera. “Si un Ejecutivo está capturado pero existe una justicia independiente, todavía hay posibilidad de corregir abusos. Si un Congreso responde a intereses particulares pero los jueces actúan con autonomía, el sistema conserva mecanismos de defensa. Cuando también falla la justicia, el Estado pierde su principal capacidad de autocorrección”.
La reflexión explica por qué la asociación decidió concentrar todos sus esfuerzos en ese ámbito y no en otros problemas igualmente urgentes como la educación, la pobreza o la seguridad. Ortiz no niega su importancia.
Simplemente considera que muchas de esas crisis terminan pasando por los tribunales.
“Hoy un amparo puede detener una cárcel, ordenar la compra de medicamentos, bloquear una carretera o resolver conflictos administrativos millonarios. La justicia está presente en casi todos los grandes debates nacionales”.
MOVIMIENTO QUE BUSCA SER CIUDADANO
Ortiz insiste en describir el movimiento como una plataforma abierta.
Además de la propuesta de reforma constitucional, la asociación desarrollará litigio estratégico, un observatorio para monitorear las cerca de cinco mil sentencias que la Corte de Constitucionalidad emite cada año y programas de educación constitucional dirigidos al público general.
Pero incluso la propuesta de reforma permanece inacabada. El documento publicado incluye un formulario para que cualquier ciudadano plantee observaciones, desacuerdos o nuevas ideas.
“No tendría sentido impulsar una reforma que la gente no sienta propia. Queremos construir un proyecto colectivo”, asegura.
La comisión redactora reúne perfiles diversos. Participan constitucionalistas, expertos en derechos humanos, politólogos y académicos como Javier Monterroso, Alfredo Ortega, Ana Elisa Samayoa, Juan Pablo Gramajo y Edgar Gutiérrez Aiza, quienes colaboraron de manera honoraria en la elaboración técnica del texto.
Ortiz insiste, sin embargo, en que ninguno representa institucionalmente a las organizaciones para las que trabaja. “Participan a título personal. La propuesta pertenece exclusivamente a Poder Ciudadano”.
La ambición del proyecto contrasta con la modestia de sus recursos. Ortiz reconoce que la asociación carece de financiamiento externo y funciona gracias al trabajo voluntario de sus integrantes.
Los abogados donan su tiempo, algunos empresarios colaboran con servicios administrativos y los propios asociados cubren los gastos iniciales. En el corto plazo, incluso contemplan vender camisetas, gorras y artículos promocionales para sostener el funcionamiento básico de la organización.
“No necesitamos grandes estructuras. Lo que necesitamos es que la gente participe”.
EN BUSCA DE CINCO MIL FIRMAS
El desafío inmediato será reunir las cinco mil firmas que exige la Constitución para presentar formalmente la iniciativa al Congreso. El próximo 4 de julio iniciarán con la recolección de firmas a nivel nacional.
Después comenzará una etapa todavía más compleja: conseguir que el Legislativo apruebe la propuesta y posteriormente lograr que la ciudadanía la respalde en consulta popular.
Ortiz sabe que el camino está lleno de precedentes frustrados. Pero insiste en que las reformas profundas rara vez nacen de consensos inmediatos. “Los cambios importantes siempre son el resultado de una lucha cívica”.
Por eso evita presentar la iniciativa como una bandera ideológica.
“La invitación es caminar juntos. Este no es un proyecto de derecha o de izquierda, ni de un partido o de un sector económico. Es una invitación a discutir cómo queremos que funcione la justicia en los próximos cincuenta años”.
En tiempos marcados por la polarización política, la apuesta parece tan ambiciosa como improbable. Ortiz, sin embargo, sostiene que precisamente ahí reside su oportunidad.
“Un Estado que no tiene mecanismos para cambiar aquello que no funciona tampoco tiene mecanismos para preservarse”, dice, citando al filósofo conservador Edmund Burke.
Y concluye con una idea que resume el sentido de la propuesta: “Ser conservador no significa defender lo que está roto. Significa conservar lo que funciona y tener el valor de cambiar aquello que ya demostró que dejó de servir”.
