Ya sabemos que para ciertos personajes no existen límites y pueden recurrir a los más frívolos argumentos para preservar los privilegios que significa mantener al Estado bajo absoluto secuestro a partir de la manipulación del derecho, posible gracias al sistemático modelo que se viene implementando hace años desde las postuladoras. En ese tema, la Rectoría de la Universidad de San Carlos juega un papel crucial y los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, han argumentado que por temas de forma ciertos amparos interpuestos en contra de la elección de Walter Mazariegos deben ser declarados sin lugar.
Queda pendiente saber, a modo de misterio, cuándo la CC conocerá algún caso que aborde el fondo del asunto o si es que todos los anteriores recursos que mencionamos lo abordaban, pero los magistrados se fueron por las ramas para no conocer el fondo porque es mucho lo que está en juego.
Roberto Molina Barreto está en lo que puede ser su última magistratura. Él expresó en las entrevistas concedidas durante el proceso de elección que su “compromiso” era con el Estado de Derecho y ahora es cuando debe demostrarlo porque las acciones están hablando más que las palabras. No olvidemos que por este magistrado es que hubo un desencuentro con el anterior encargado de negocios, John Barrett y el Gobierno de Guatemala y tras haberse provocado esa situación, muchos de los reflectores quedan en el magistrado que logró la reelección por medio del Congreso.
Dina Ochoa ha permanecido en la CC por tres periodos y ha estado al servicio del mejor operador, pero no se ha querido llenar la boca dando la apariencia de ser pro Estado de Derecho, porque sabe que sirviendo a quienes eligen y sus grupos, puede seguir en la corte más alta. Julia Rivera, no debemos olvidar que al final fue puesta para servir al amo de la mafia, es decir, Walter Mazariegos, de quien tampoco debemos olvidar que es creación del régimen Alejandro Giammattei – Miguel Martínez.
Si la Corte de Constitucionalidad fuera realmente garante del Estado de Derecho y la justicia, seguramente que hubiera entrado a conocer el fondo de los alegatos que dieron lugar a los Amparos otorgados por otras instancias legales, pero que fueron dejados sin efecto por el alto tribunal, responsable de la defensa del orden constitucional.
Como la enorme mayoría de la población de Guatemala, sostenemos que el fraude en la Usac es inaceptable y tiene que ser revertido conforme a derecho y ahora, con la existencia de una Fiscalía General de la República ajena a ese tenebroso entramado de poder, es de esperar que los numerosos delitos cometidos en ambas elecciones de Rector sean debidamente investigados, perseguidos y sancionados.
Lo mismo se debe esperar de la actitud del Ministerio Público ante las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas contra quien ha usurpado el puesto de Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos, tema que debe facilitar el inicio de una investigación criminal que permita no solo revertir esos vicios sino, además, castigar con prisión, como corresponde, a todos los que fueron parte de las maniobras denunciadas.
Insistimos, las acciones valen más que las palabras y la CC puede apegarse a derecho en el caso del fraude de Walter Mazariegos y siempre queda la esperanza de que el cambio en la Fiscalía General pueda abrir la ruta del rescate de nuestra tricentenaria casa de estudios y de la justicia.
