En Guatemala como en muchos otros países de la región de América Latina, el Caribe y el mundo, las libertades de expresión, pensamiento, prensa, los derechos a investigar, informar y ser informados, así como, el ejercicio del periodismo libre e independiente siguen bajo constante acoso, intimidación, represalia y hasta criminalización. El acto legítimo de periodistas de buscar y transmitir la verdad de los hechos se ha convertido en una profesión de peligro real, que en reiteradas ocasiones pone en riesgo la vida e integridad personal de quienes asumimos la tarea de informar.
Los ejemplos actuales abundan y ocurren a la vista de todas las personas, en particular suceden en el marco de conflictos armados y guerras declaradas. En Gaza y Líbano numerosos periodistas mujeres y hombres han sido impunemente ejecutados por elementos del ejército sionista y neofascista de Israel, en Estados Unidos de Norteamérica se reprime, persigue y criminaliza a la prensa independiente crítica del Gobierno ultraderechista de Donald Trump, en Guatemala y demás países de la subregión centroamericana la prensa y periodistas independientes, están sometidos a persecución, censura, exilio forzoso y privación de libertad. Condiciones similares se repiten en países de América del Sur. En suma, la prensa, los periodistas y la libertad de expresión siguen bajo ataques.
Un reciente informe del Observatorio de los Periodistas de Guatemala, registra casos del 1 de enero al 3 de junio de 2026, que suman 42 ataques, amenazas y limitaciones a periodistas. Limitaciones para cubrir audiencias judiciales, amenazas o campañas difamatorias en redes sociales y la interposición de denuncias espurias en contra de comunicadores formaron parte de los principales patrones observadores durante este periodo y que vienen repitiéndose desde la última década.
El caso más grave durante este año es el asesinato del periodista comunitario Carlos Humberto Cal Ical, a finales de abril en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz, al norte del país. La víctima semanas antes habría recibido advertencias por parte de miembros de la municipalidad local, debido a una publicación, en su perfil personal, en la que cuestionaba el costo millonario de una carretera.
Este caso se suma a la desaparición (aparentemente forzada) de Milton Polanco, ocurrida el 7 de febrero de 2025 en el departamento de Jutiapa, al oriente del país. Polanco fue sustraído de forma violenta de una vivienda familiar y hasta el momento se desconoce su paradero. Las autoridades no han informado sobre avances en la investigación, excepto la captura de una mujer que estaría involucrada en el caso, pero se ignora cuál sería su nivel de participación.
Agrega dicho informe que, crímenes como el de Cal o la desaparición de Polanco se suman a más de una decena de muertes de comunicadores, ocurridas desde 2015, que continúan en completa impunidad, en las cuales las autoridades han mostrado nulo interés en resolver. Los asesinatos de comunitarios permanecen en la impunidad, desde la llegada de Consuelo Porras como fiscal general (mayo 2018 a mayo 2026) se implementó una política de debilitamiento a la fiscalía encargada de investigar estos casos y luego, una directriz para desestimar y archivar casi en su totalidad las denuncias recibidas, para inflar las estadísticas de supuestos casos resueltos.
El informe afirma que, Porras promovió y tuteló la impunidad y los actos de corrupción en los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) a la vez que perseguía a defensores de derechos humanos y periodistas que cuestionaban sus acciones o denunciaban actos o violaciones a derechos humanos en distintas partes del país. Igual responsabilidad que Porras en contexto de persecución e indefensión para periodistas es Rolando Rodenas, Fiscal de Sección de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, asignado en 2020. Desde que inició su gestión, Rodenas mostró su cercanía con Porras y se encargó de entorpecer investigaciones también de ocultar cualquier información que periodistas u organizaciones de derechos humanos le solicitaran.
Agrega el informe que, con la llegada del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, se confía que el trabajo dentro de la fiscalía especializada cambie y que Rodenas sea removido o destituido de la institución. Con el trabajo ejecutado desde su designación, Rodenas ha mostrado su incompatibilidad con cualquier trabajo de derechos humanos y con el sector justicia.
Ataques desde el Estado. Durante el gobierno de Bernardo Arévalo el Observatorio de los Periodistas registra 206 casos, 69 incidentes durante el 2024, 95 el 2025 y 42 hasta inicios de junio de 2026. Los ataques o restricciones por parte de actores vinculados al gobierno central o instituciones dependientes de este disminuyeron en comparación con los periodos de Morales y Giammattei, continúan reportándose hechos donde la Policía Nacional Civil (PNC) o la seguridad presidencial agreden a la prensa.
Este año, el Observatorio registró 3 casos en los que agentes de la PNC incurrieron en agresiones en contra de la prensa. Una de estas fue el 16 de marzo en Torre de Tribunales, cuando agentes, de forma injustificada y en claro acto de intimidación, procedieron a identificar y registrar los datos de periodistas que esperaban cubrir la audiencia de Pedro Duque, acusado de corrupción en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
El segundo, ocurrió el 9 de abril en las afueras de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cuando la Comisaria de la PNC, Diana Ramos, amenazó con arrestar a periodistas de distintos medios si ingresaban a ese lugar. Ramos argumentó un supuesto interés de resguardar el orden y la seguridad de los reporteros para no dejarlos ingresar, sin embargo, sí permitió el paso de otros medios de comunicación.
Miembros del Organismo Judicial (OJ), el MP, la Corte de Constitucionalidad (CC), municipalidades y Congreso de la República también son responsables de limitaciones o ataques a la prensa.
Violencia digital. Campañas difamatorias, amenazas, amenazas con violencia sexual hacia mujeres y divulgación de información personal de periodistas en redes sociales continúan siendo uno de los patrones de ataques a la prensa, defensores de derechos humanos o personas que emiten críticas o comentarios desfavorables hacia políticos, funcionarios, exfuncionarios y miembros del sector privado.
Detrás de estos ataques están involucrados netcenters o bots y personas, familiares y allegados de actores involucrados en actos criminales o de corrupción o particulares que mantienen una defensa oficiosa a actores mencionados con anterioridad, también falsos periodistas y pseudoanalistas en páginas o canales (algunos financiados por empresarios y otros que se sospecha reciben fondos de funcionarios), que desinforman sobre el actual gobierno.
Hasta aquí este apretado resumen del último informe del Observatorio de los Periodistas de Guatemala.
