En 2025, la disposición que imponía la contratación de un seguro para terceros ocasionó una serie de bloqueos en diferentes puntos del país y paralizó parte de la ciudad de Guatemala. Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás.
Más de un año más tarde, los ministerios de Comunicaciones y Gobernación anunciaron que ya cuentan con una nueva propuesta que será presentada al presidente Bernardo Arévalo en las próximas semanas.
De acuerdo con el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, la propuesta desarrollada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Superintendencia de Bancos (SIB), se da luego de varios meses de análisis técnicos y reuniones con distintos sectores.
“Hemos tenido varias mesas de reuniones, también estuvimos hablando con el Ministerio de Gobernación de una forma activa. Se revisaron las normativas y se hizo un análisis comparativo de cómo funciona el sistema de seguros en Latinoamérica, los montos de primas y otros aspectos”, explicó el funcionario.
Entre los trabajos para la nueva propuesta incluyeron evaluaciones de modelos utilizados en otros países de la región, así como información sobre el parque vehicular y el sistema de transporte del país. Suriano aseguró que la tardanza en el proceso tuvo como objetivo construir una propuesta que permita garantizar cobertura a las víctimas de accidentes sin generar costos excesivos para los usuarios.
“Estuvimos trabajando en una alternativa que bajara los montos de las primas del pago mensual por parte de los usuarios y haciendo toda la data que existe del transporte del país”, señaló.
Sin precisar una fecha exacta para la entrega de la propuesta al presidente Bernardo Arévalo, Suriano aseguró que ya se encuentra finalizada, indicando que «en dos semanas» se hará efectiva. Luego de ello ambas carteras prevén una fase de socialización con aseguradoras, entidades financieras, transportistas y otros actores involucrados.
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PROTESTAS Y SEGUROS OBLIGATORIOS
La nueva propuesta surge como resultado de los acuerdos alcanzados tras las protestas de marzo de 2025. En aquel momento, el Gobierno anunció la entrada en vigencia de seguros obligatorios para motocicletas, vehículos particulares, transporte colectivo y transporte de carga mediante los acuerdos gubernativos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025.
La medida provocó bloqueos durante dos días en distintos puntos del país y generó rechazo entre transportistas y otros sectores, quienes cuestionaron principalmente el costo de las pólizas y la falta de diálogo previo.
El 19 de marzo de 2025, el presidente Bernardo Arévalo anunció la derogación de los acuerdos y la creación de una mesa técnica encargada de discutir una nueva normativa para implementar el artículo 29 de la Ley de Tránsito, que establece la obligación de contar con seguros para cubrir daños ocasionados en accidentes viales.
Seguros civiles ahora obligatorios ya estaban establecidos en la ley de tránsito
Como parte de esos compromisos, el Gobierno también acordó impulsar una ley general de transporte para actualizar el marco normativo del sector, considerado obsoleto por las autoridades debido a los cambios registrados en las distintas modalidades de movilidad y transporte.
Suriano aseguró que la propuesta elaborada durante este año busca responder a las preocupaciones planteadas por los sectores que se opusieron a la medida original. Según afirmó, el planteamiento es financieramente viable y pretende equilibrar la protección a las víctimas de accidentes con la capacidad de pago de los usuarios.
“Tenemos una propuesta mínima viable. Vamos a revisar los últimos detalles y posteriormente la estaremos informando por los canales oficiales”, afirmó.
Progreso en las mesas técnicas para operativizar el artículo 29 de la ley de tránsito
Aunque las autoridades aún no han revelado los detalles específicos del nuevo modelo, adelantaron que el documento será sometido a discusión con los sectores involucrados antes de avanzar hacia una eventual implementación.
La obligación de contar con seguros para vehículos ha sido uno de los temas pendientes en materia de seguridad vial en Guatemala. Según han señalado las autoridades en distintas ocasiones, la medida busca garantizar cobertura médica e indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte y lesiones en el país.
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