Consuelo Porras reapareció el pasado martes por primera vez como ex fiscal general. Ante las preguntas de la prensa aseguró que continuará ejerciendo como abogada, descartó una salida del país y afirmó que enfrentará cualquier denuncia en su contra como «todo ciudadano honesto y responsable».
Pero más allá de sus declaraciones, hubo un detalle que llamó la atención. Tras concluir su declaración a los periodistas, Porras abordó una camioneta negra. Esta vez, a diferencia de cuando ocupaba la Fiscalía General, las placas estaban a la vista sin ser tapadas con plástico negro. La Hora encontró una historia marcada por contradicciones institucionales y dudas sobre su situación legal.
La placa P-467FCJ conduce a un hallazgo difícil de explicar. El vehículo no es nuevo para el Ministerio Público (MP) que ahora dirige Gabriel García Luna. La camioneta formó parte de la flotilla institucional durante la administración de Porras y continúa siendo utilizada dentro del esquema de seguridad que conserva como exfuncionaria.
Mientras el MP asegura que la camioneta fue asignada a Porras bajo uso provisional dentro de un proceso de extinción de dominio y con respaldo judicial, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) afirma no tener registro alguno de la unidad. A ello se suma que el vehículo figura como inactivo ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y acumula impuestos, multas e intereses pendientes.
La contradicción resulta particularmente relevante porque la Ley de Extinción de Dominio otorga a la Senabed la administración de los bienes sujetos a estos procesos. La pregunta es cómo un vehículo que continúa siendo utilizado dentro del esquema de seguridad de una exfuncionaria terminó circulando sin dejar rastro en la entidad responsable de administrarlo.
Un detalle adicional que llama la atención es que fuentes con conocimiento del tema y que pidieron no ser citadas, explicaron a La Hora que el propietario de la camioneta fue detenido en agosto de 2022 por una falta flagrante.
SENABED NO CUENTA CON REGISTROS
Fuentes del Ministerio Público consultadas por este diario indicaron que la camioneta fue asignada a Porras por un período de seis meses como parte de las medidas de seguridad aprobadas para la ex fiscal general tras dejar el cargo el pasado 16 de mayo.
Según el ente investigador, el vehículo cuenta con una autorización de uso provisional emitida por la Senabed a favor del Ministerio Público como entidad beneficiaria, así como con una resolución del Organismo Judicial que respalda dicha asignación mientras se resuelve de forma definitiva su situación dentro del proceso de extinción de dominio.
La explicación, sin embargo, tropieza con la versión de la entidad que debería conocer el destino de ese tipo de bienes.
Consultada por La Hora, la Senabed aseguró inicialmente que la institución “no ha recepcionado ni tiene conocimiento” del vehículo. Posteriormente agregó que tampoco existe registro de la placa bajo la modalidad de uso provisional. La respuesta resulta llamativa porque la Ley de Extinción de Dominio asigna a la Senabed la administración de los bienes sujetos a estos procedimientos.
La contradicción adquiere mayor relevancia porque hace apenas una semana este medio reveló el robo de Q15 mil en fondos de la caja chica de la propia Senabed, una institución que ahora admite desconocer el historial administrativo de un vehículo que actualmente utiliza una ex fiscal general de la República.
Roban Q15 mil de caja chica en la Senabed, entidad encargada de custodiar bienes decomisados
CAMIONETA SE USÓ EN POSIBLES ILÍCITOS
La camioneta tampoco tiene un pasado ordinario.
El 14 de mayo de 2019, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) informaron sobre una diligencia de inspección realizada en Barberena, Santa Rosa, sobre ese mismo vehículo por posibles ilícitos.
Fuentes con conocimiento del tema y que pidieron no ser citadas, explicaron a La Hora que el supuesto propietario de la camioneta, Marlon Manfredo Hernández Yumán, fue detenido en agosto de 2022 por una falta flagrante.
La información compartida también refleja que la Toyota Land Cruiser modelo 2011 figura actualmente como vehículo inactivo ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El automotor acumula Q3 mil 775.16 en impuestos de circulación, multas e intereses pendientes correspondientes a los últimos años.
CAMIONETA PODRÍA SER CONSIGNADA
La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) explicó a este medio que cuando un bien es extinguido a favor del Estado normalmente existe una resolución judicial que permite actualizar su situación registral y eximirlo del pago de determinados tributos.
Por su parte, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil indicó que la legislación guatemalteca no contempla una multa específica por circular con un vehículo inactivo, pero advirtió que la unidad puede ser consignada si no porta la documentación legal correspondiente.
La institución añadió que no existe ningún permiso especial que autorice la circulación de vehículos en esa condición y que cualquier excepción debería estar respaldada por documentos legalmente establecidos.
Cinco años después de que la Policía lo vinculara a una diligencia por posibles ilícitos, el vehículo sigue en circulación heredado para la administración de Porras.
La institución asegura que cuenta con autorización judicial para utilizarlo. La Senabed sostiene que no tiene registro alguno de la unidad. Registros de la SAT evidencian que el vehículo permanece en estado inactivo y sin pagar impuesto de circulación desde 2022. Entre las confirmaciones queda una pregunta sin respuesta: cómo un vehículo sujeto a un proceso de extinción de dominio terminó formando parte de la flotilla del MP sin dejar rastro en la entidad encargada de administrar ese tipo de bienes.
