Más de 85 mil personas recibieron atención a través del Servicio Nacional de Empleo durante 2025, según informó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, las cifras contrastan con una realidad persistente: más del 60% de la población ocupada en Guatemala continúa trabajando en la informalidad.
La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los avances de la estrategia gubernamental para fortalecer el acceso al empleo, mejorar la intermediación laboral y ampliar la cobertura de los servicios públicos de trabajo en distintos territorios del país.
De acuerdo con la funcionaria, el Servicio Nacional de Empleo atendió a más de 85 mil personas mediante kioscos y ferias laborales, donde brindó servicios de registro, orientación e intermediación laboral. Además, puso a disposición más de 70 mil plazas vacantes para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.
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— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) 2 de junio de 2026
Roquel también destacó la implementación del Sistema de Información del Mercado Laboral de Guatemala, una herramienta desarrollada con apoyo técnico de la OIT para recopilar y analizar datos que permitan diseñar políticas de empleo con mayor precisión.
No obstante, el propio Ministerio de Trabajo reconoció que la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos para el país. Según datos oficiales, más de 8.2 millones de guatemaltecas y guatemaltecos integran la fuerza laboral, pero el 66.2% desempeña sus actividades en condiciones de informalidad.
A esta situación se suma que el 13.6% de la población trabajadora se encuentra en condición de subempleo, es decir, cuenta con una ocupación que no le permite generar ingresos suficientes o aprovechar plenamente sus capacidades laborales.
Más del 60% de trabajadores en Guatemala están en la informalidad, según Mintrab
Durante su intervención, la ministra señaló que los cambios impulsados por la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las nuevas formas de contratación obligan a los gobiernos a fortalecer las políticas públicas de empleo y los mecanismos de protección laboral.
Las autoridades indicaron que la expansión de los servicios de empleo busca acercar oportunidades a municipios y comunidades donde el acceso a estas herramientas continúa siendo limitado. Sin embargo, los indicadores de informalidad muestran que buena parte de la población trabajadora aún permanece fuera de los mecanismos formales de contratación y protección social.
