La Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país, fundada en el espíritu de la Revolución de 1944 como faro de progreso, movilidad social y pensamiento crítico, hoy se encuentra capturada por una autocracia corporativa. Walter Mazariegos, el rectorcito usurpador y su red de leales, la han convertido en un botín político y económico. Pero la captura de la Usac no viene desde adentro ni viene desde ahora. No es una captura de un rector que desea quedarse en el poder académico para mejorar a la universidad. No. Se trata de la punta de lanza de la cínica captura de una institución clave para el Pacto de Corruptos. La Usac es capturada no porque es universidad sino porque tiene poder político en la elección de Altas Cortes. Quien controla la Usac controla al sistema de justicia.
No se trata de un problema aislado de mala administración: es el núcleo de una estrategia sistemática para controlar el Estado guatemalteco desde sus instituciones clave. Como describe Anne Applebaum en su análisis de las autocracias modernas, esta captura no requiere tanques en las calles ni ideologías grandiosas. Basta con un pequeño grupo que coloniza instituciones —en este caso la Usac— para usarlas como maquinaria de poder: colocar magistrados afines, blindar la impunidad y perpetuar un sistema de clientelismo y corrupción.
Lo hecho por Walter Mazariegos no tiene nombre jurídico porque rebasa los límites éticos de la misma cultura de los ladrones. Es, simplemente, como lo he llamado desde hace años: Un destazador de universidades con tal de servir de alfombra, de peón, de cholero del Pacto de Corruptos. Es la forma en que las élites de los ricos ladrones de la oligarquía guatemalteca han manejado al Estado, con sus sirvientes. Así lo han hecho no por décadas, sino por cientos de años. Han colocado a presidente tras presidente, desde Gabino Gaínza, Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico y el listado de chafarotes que nos impusieron durante el conflicto armado.
Después del conflicto armado (1960-1990) vinieron los civiles presidentes que consolidaron la corrupción quitándole unas migajas a la corrupción de los militares genocidas y robándole algunos quetzales a los dueños de la finca que para entonces de agricultores huevones ya se habían convertido en empresarios. Crearon una serie de empresas que en el discurso abrían el camino al capitalismo, pero en la realidad eran monopolios defendidos a capa y espada por una visión feudal de la economía. Y de ajuste eran religiosos rematados capaces de hacer sus saqueos al Estado, a quien dominaban, bendiciendo al pueblo que por siglos han explotado.
Luego del conflicto armado, donde a cualquier disidente lo mataban acusándolo de comunista para irlo a tirar al río Motagua, testigo de los miles de asesinatos perpetrados por el glorioso ejército de Guatemala y sus asesinos kaibiles, sin dejar atrás a los «orejas» y a los judiciales, que se encargaban de llevar los chismes de los que querían a un mejor país para tildarlos de guerrilleros o peor aún de comunistas, luego vino la «democracia».
La democracia guatemalteca realmente es una autocracia corporativa que se vale de la “autonomía” como escudo para evitar rendición de cuentas, mientras crea universidades de papel que sirven para copar Comisiones de Postulación y extender su influencia hacia la Contraloría, el Organismo Judicial y otros órganos del Estado. La Usac, que debió ser motor del desarrollo nacional, hoy es destazada: exclusiones arbitrarias, opacidad en el manejo de recursos, priorización de lealtades personales sobre mérito académico y conversión de extensiones y facultades en fábricas de votos y títulos de baja calidad.
Esta no es la universidad popular de 1944. Es una institución cooptada que debilita la democracia guatemalteca desde sus cimientos. El rescate de la Usac es imperativo no solo por su potencial académico, sino que es la lucha central para recuperar la misma República. Sin una universidad pública fuerte, autónoma de verdad, meritocrática y al servicio del pueblo, no habrá contrapeso real al poder de los corruptos, ni formación de profesionales íntegros, ni investigación que responda a las necesidades del país.
El rescate debe comenzar ya, antes de que la captura se consolide y se vuelva irreversible. Exige acción inmediata y reformas estructurales profundas. Aquí describo algunas de estas acciones.
Primero, hay que anular los procesos fraudulentos que mantuvieron al usurpador en la Rectoría. Esto tiene una serie de consecuencias en la misma conformación de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral toda vez que Mazariegos ha ubicado en estas instancias a sus perritos obedientes para que mantengan el estado corrupto de cosas.
Segundo, hay que reformar la Ley Orgánica de la Usac y la Constitución para garantizar una autonomía responsable: transparencia total en presupuestos, evaluación externa de calidad académica y mecanismos reales de rendición de cuentas. Eso significa la transformación radical de las Comisiones de Postulación: reducir drásticamente el peso de universidades capturadas o de papel, priorizar el mérito, sorteo calificado y veeduría ciudadana permanente.
Todo lo anterior debe preparar el camino para crear un verdadero sistema de educación pública superior de Guatemala. Ya no es posible vivir con UNA sola universidad pública. Debemos tener una mayor y mejor oferta de educación pública superior con al menos cuatro nuevas universidades regionales diseñadas para cuatro diferentes contextos, así como programas cortos técnicos de educación superior. Debemos recuperarnos de esta enfermedad que varias veces he llamado licenciatitis, carreras eternas e impertinentes. Urgen tecnológicos de educación superior que en uno o dos años formen pertinentemente a los guatemaltecos para el trabajo y la vida cívica que requiere una verdadera democracia, no esta mentira en la que vivimos.
Finalmente, hay que regular con mano firme las universidades privadas a través del CEPS. Al quitar a las universidades de las Comisiones de Postulación, quitaremos el incentivo de tener rectores politiqueros, decanos ladrones, más bien las universidades privadas deben enfocarse en sus objetivos académicos. Hay que cerrar las universidades “patito”, exigir estándares mínimos reales de calidad y prohibir el uso político de sus “facultades fantasmas”. Esto significa una reconstrucción académica y cultural de las universidades. Si, es mucho trabajo que parece imposible, pero es el único camino de la recuperación de la educación pública superior. Ojalá que el presidente Arévalo salga del silencio sobre la cooptación de la Usac y la ministra Giracca vea que también le concierne el futuro de la educación pública superior guatemalteca. Ojalá.
