El Informe de Auditoría al Presupuesto 2025 que la Contraloría General de Cuentas (CGC) hizo público este 26 de mayo incluyó entre las denuncias penales el fallido proceso de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, que se vino abajo por incumplimientos del contratista que, a su vez, tenía poca o nula experiencia en procesos de esa envergadura.
A lo largo de 2025, La Hora dio seguimiento al proceso y publicó una variedad de artículos en los que se revelaban las irregularidades de la contratación y cómo la empresa, Constructora Bremar —una empresa individual cuyas adjudicaciones en el campo deportivo se limitaban a cambios de grama sintética en canchas pequeñas o remodelación de parques—, no avanzaba con lo ofrecido en el contrato.
Cuando finalizó el plazo contractual, el pasado 6 de diciembre, el proyecto se quedó varado con un avance del 29% y pagos efectuados por más de Q9.5 millones. El recinto sigue cerrado al público.
Mientras tanto, la empresa que dejó los trabajos a medias siguió recibiendo contratos del Estado, incluso después de que se hicieran públicos los problemas que tenía para cumplir con los trabajos del máximo recinto deportivo nacional.
Para evitar judicializar el proceso, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), llegó a un acuerdo con el contratista, según el cual no se le inhabilitaría al contratista, supuestamente, a cambio de que no se le hiciera un pago que se le tenía pendiente por trabajos en el recinto. Según una nota del pasado 14 de marzo, entre 2006 y 2025, ha facturado más de Q510 millones al Estado.
DEFICIENTE SUPERVISIÓN
El primer hallazgo enumerado en el informe de la CGC está relacionado con la «deficiente supervisión y seguimiento de construcción de obras». Detalla que la CDAG tuvo «pleno conocimiento» desde el 10 de junio de 2025 de que el contratista no podría cumplir con la ejecución de ciertos renglones de trabajo en el tiempo estipulado por dificultades para conseguir la marca ofrecida de grama híbrida y pista sintética.
Además, señala que la supervisión solo hizo recordatorios sobre las multas por el atraso en la entrega de la obra y no hizo gestiones ante las autoridades competentes de la CDAG para realizar las acciones legales conforme lo estipulado en el contrato suscrito.
La CGC concluye que «el subgerente General de Infraestructura no realizó un adecuado seguimiento y monitoreo del proyecto», tampoco planteó «alternativas y propuestas de solución que necesitaban las instalaciones deportivas para la adecuada ejecución del proyecto».
De igual forma, señala que el director de Supervisión de Proyectos de Planificación «no supervisó adecuadamente» el proyecto, y el de Obras «realizó una labor deficiente al no determinar el avance de la ejecución y el cumplimiento de los renglones de trabajo».
El informe de auditoría recoge los comentarios de los responsables, dentro de los cuales aseguran que la supervisión del proyecto «actuó dentro del marco contractual, legal y técnico» y que ejercieron la facultad de supervisar «de manera diligente» y requirieron correcciones a los responsables del proyecto. Asimismo, afirma que «se gestionaron soluciones inmediatas y documentadas ante cada situación».
Sin embargo, los auditores de la CGC confirmaron este hallazgo, con el argumento principal de que la Supervisión tenía conocimiento desde junio de 2025 de la alta probabilidad de que la empresa no iba a cumplir con lo ofrecido en el contrato.
DEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN
Asimismo, la CGC también incluyó como hallazgo la «deficiencia en la planificación de proyectos de mejora de infraestructura deportiva».
Señala que el 30 de septiembre de 2025, el contratista ofreció un cronograma de trabajo, según el cual colocaría la grama y pista entre el 13 de octubre y el 29 de noviembre, cuando la propia Supervisión de la CDAG sabía que la empresa tenía problemas para comprar los insumos.
Entre otros puntos que incluye el informe de Contraloría, destaca que los subgerentes incumplieron con sus obligaciones. El de Infraestructura, por no dar seguimiento y monitoreo del proyecto y asegurarse de que el cronograma de actividades se elaborara adecuadamente.
El de Planificación de Proyectos porque «no verificó que el diseño del cronograma fuera elaborado de manera que se cumpliera oportunamente con la ejecución de los renglones de trabajo»; el de Supervisión de Proyectos no supervisó dicho cronograma, y el de Obras porque, a pesar de que tenía conocimiento del incumplimiento de renglones de trabajo, recibió el cronograma de actividades entregado por la empresa, cuando faltaban apenas dos meses y días para que venciera el plazo contractual.
Los responsables rechazaron los hallazgos de la CGC basados, entre otros argumentos, en que las comunicaciones privadas entre el contratista y sus proveedores son ajenas a la Supervisión (Bremar cruzó comunicaciones con el distribuidor exclusivo en Guatemala de las marcas que ofreció, y que evidenciaron que no podía importar la grama y pista), por lo cual no se puede afirmar que conocieran del retraso de la obra para prever el incumplimiento.
Además, los responsables del proyecto justificaron que el cronograma fue elaborado «exclusivamente» por la empresa y ninguna unidad de la CDAG «posee facultad de coadministración» y no pueden intervenir en la planificación interna del contratista.
No obstante, la CGC confirmó este hallazgo, puesto que no le atribuye a la Supervisión de la CDAG la elaboración del cronograma, sino que no objetó, analizó ni emitió pronunciamiento sobre su inviabilidad.
EMPRESA SIN EXPERIENCIA
Otro hallazgo clave reportado por la Contraloría es el relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto.
En las bases de licitación, por ejemplo, se señala que estas solo requirieron 10 años de experiencia en la construcción de instalaciones deportivas «de forma general, sin describir de forma detallada y específica los criterios técnicos» que delimiten la experiencia a proyectos similares en cuanto al tipo, especificaciones y magnitud del proyecto.
Además, se les requirió a los interesados un «breve historial» de su experiencia y el número de años de estar constituida una empresa y de operar en Guatemala. Esto, a decir de la CGC, «no es garantía de haber efectuado trabajos similares«.
También se señala que en las bases no se contempló como requisito que el oferente presentara un documento legal o acreditación documental de ser distribuidor autorizado, agente o representante del fabricante para que se garantizara el suministro oportuno y legítimo de los materiales que ofrecía.
En ese sentido, el informe cuestiona que el gerente de la CDAG no se manifestó respecto a estas deficiencias contenidas en las bases y el Comité Ejecutivo de esta tampoco verificó las irregularidades identificadas.
En cuanto a la oferta, otra anomalía que muestra la auditoría de la CGC es que la empresa oferente presentó como experiencia 13 proyectos, pero que se trataban de «3 construcciones de parques recreativos, 2 de canchas de papifutbol, 1 mejoramiento de parque urbano, 1 piscina para un centro educativo privado, 1 instalación de juegos infantiles y solo 1 mejoramiento de instalaciones deportivas relacionada con un campo de futbol».
Estadio Doroteo Guamuch Flores, el último de una serie de proyectos que se quedaría a medias
En consecuencia, subraya el informe, el portafolio de obras de la empresa «no evidencia una correspondencia técnica respecto al proyecto licitado, lo cual incide directamente en la evaluación de la capacidad técnica del oferente para la ejecución de una obra de mayor magnitud».
Pese a esas falencias, el Comité Ejecutivo de la CDAG aprobó lo actuado por la Junta de Licitación y se permitió la contratación de una empresa que carecía de un historial «de experiencia comprobable en la construcción» de estos proyectos, con lo cual se generaron «riesgos significativos para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los plazos de ejecución del proyecto».
Además, el coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, al revisar el contenido de las bases, «no informó que en el apartado relativo a la experiencia del oferente, no establecía criterios objetivos y verificables que permitieran medir los años de experiencia de acuerdo a los proyectos de infraestructura ejecutados». Esto redundó en que no se seleccionara a un contratista idóneo y competitivo para la ejecución de la obra.
«Todas estas deficiencias que se generaron desde la planificación, evaluación y supervisión del proceso influyeron directamente en que el proyecto se ejecutara con irregularidades y no se alcanzara su conclusión de manera oportuna y conforme a los estándares técnicos requeridos», sentencia el informe.
De esa forma, prosigue, se evidencia que existieron irregularidades en las bases de licitación como en la adjudicación del evento porque el contratista carecía de un récord de proyectos comprobable en la instalación de «grama sintética/híbrida de alta calidad para la remodelación de estadios de fútbol profesional», así como en la instalación de «pavimento sintético prefabricado para pistas de atletismo».
Por lo tanto, cuestiona que «no se hallaron registros que indiquen que los integrantes de la Junta evaluaron de manera crítica estos riesgos antes de decidir por unanimidad la adjudicación al oferente».
Aunque los responsables pretendieron desvanecer los hallazgos, la CGC los confirmó. En total fueron denunciadas penalmente 12 personas, desde los integrantes de la Junta de Licitación, el director de compras y contrataciones, la coordinadora de procesos de cotización, el subgerente administrativo, así como el gerente e integrantes del Comité Ejecutivo de la CDAG.
El Estadio Doroteo Guamuch y km 11.5 de carretera a El Salvador tienen la misma empresa contratista
