En entrevista con LH Economía, la Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió que las enmiendas que discute el Congreso para la Iniciativa 6593 ponen a Guatemala en una carrera contrarreloj ante el GAFI.
Mientras, la discusión ha escalado dentro y fuera del Congreso de la República, distintos sectores económicos y técnicos insisten en la necesidad urgente de modernizar la legislación guatemalteca para cumplir con estándares internacionales.
El debate se ha concentrado en una serie de enmiendas impulsadas por diputados que, según expertos, podrían debilitar el alcance de la normativa y poner en riesgo los avances alcanzados en materia de persecución financiera.
Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la modificación del artículo 73, relacionado con el delito de lavado de dinero.
La discusión se centra en si el lavado de activos debe continuar siendo considerado un delito autónomo —como actualmente lo reconoce la legislación y la jurisprudencia guatemalteca— o si debe condicionarse a la demostración previa del delito precedente.
Lo anterior quiere decir que la discusión gira en torno a si el lavado de dinero debe seguir siendo perseguido por sí solo, como ocurre en la actualidad, o si primero tendría que demostrarse que existió otro delito previo que generó esos fondos ilícitos.
#LHEconomía entrevistó a las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), respuestas que colocamos a continuación:
LHEconomía: ¿Diversos sectores han señalado que algunas enmiendas impulsadas en el Congreso, como el artículo 73, podrían debilitar la normativa. ¿Qué riesgos ve la SIB en esos cambios para el sistema financiero del país?
SIB: La enmienda propuesta al artículo 73 de la Iniciativa de Ley 6593, que tipifica el delito de lavado de dinero u otros activos, impactaría de manera negativa los esfuerzos contra la criminalidad organizada transnacional, al modificar la naturaleza autónoma de este tipo penal, puesto que se requeriría la acreditación suficiente de la existencia del delito precedente.
La autonomía de este delito, que ya está contemplada en la ley actual, implica que el lavado de activos puede ser perseguido y juzgado de forma independiente al delito previo o determinante, lo cual es congruente con instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Guatemala, como la Convención de Viena (1988), la Convención de Palermo (2000) y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La aprobación de esta enmienda representaría un retroceso en la lucha contra el lavado de dinero en el país, ya que desde 2010 se incorporó la autonomía del delito mediante una reforma contenida en la Ley de Extinción de Dominio.
Además, previo a esa reforma, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió jurisprudencia reconociendo la naturaleza autónoma del delito.
Esta modificación, lejos de fortalecer las herramientas legales del Estado, disminuiría el alcance actual de la persecución penal y haría inviable procesar a quienes lavan fondos provenientes de actividades ilícitas, aun cuando no hayan participado directamente en el delito precedente. Esto reduciría la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales y afectaría negativamente la integridad del sistema financiero.
LHEconomía: El Gobierno de Estados Unidos instó al Congreso aprobar la ley. ¿Qué implicaciones diplomáticas o económicas podría tener para Guatemala no aprobarla en los términos recomendados o bloquear su aprobación?
SIB: No aprobar la Iniciativa de Ley 6593 incrementa significativamente el riesgo de que Guatemala sea incluida en la denominada “lista gris” del GAFI durante la próxima Evaluación Mutua, que iniciará en febrero de 2027.
Esta lista identifica públicamente a los países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto deterioraría la confianza de la comunidad internacional en la capacidad de Guatemala para combatir estos ilícitos.
En escenarios de este tipo, las operaciones financieras hacia países señalados por deficiencias estratégicas suelen enfrentar mayores niveles de revisión y escrutinio por parte de instituciones financieras internacionales. En el caso de las remesas, por ejemplo, los usuarios podrían enfrentar procesos adicionales de validación, mayores costos y retrasos en la entrega de recursos a los beneficiarios en Guatemala.
Asimismo, el incremento de controles operativos y regulatorios generaría mayores costos para las transferencias internacionales, encareciendo importaciones y exportaciones. Estos costos terminarían trasladándose al consumidor final mediante el aumento de precios en bienes y servicios.
LHEconomía: En medio del debate político, ¿qué tanto riesgo existe de que la ley antilavado termine siendo utilizada como moneda de negociación para otros temas legislativos, como reformas institucionales?
SIB: En el ámbito de competencia de la Superintendencia de Bancos se han identificado distintos riesgos desde un punto de vista eminentemente técnico derivados de la falta de aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, los cuales han sido dados a conocer públicamente mediante foros y comunicados.
No obstante, no es posible identificar riesgos de índole político, ya que estos se encuentran fuera del ámbito de funciones y atribuciones de la institución.
Desde AmCham Guatemala hacemos un llamado al Congreso de la República de Guatemala para aprobar la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, alineada con los estándares de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera… pic.twitter.com/zimTMtk7pM
— AmCham Guatemala (@AmChamGT) May 22, 2026
LHEconomía:La Superintendencia de Bancos ha advertido que la ley actual ya no cumple con estándares internacionales. ¿Qué tan urgente es, desde su perspectiva técnica, la actualización de esta normativa?
SIB: Actualmente, Guatemala enfrenta una situación contrarreloj respecto a la aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, debido a que la Evaluación Mutua a la que será sometido el país a partir de febrero de 2027 analizará tanto el componente técnico como el de efectividad.
El componente técnico evalúa la normativa vigente en materia de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, mientras que el componente de efectividad mide los resultados derivados de la aplicación práctica de dicha normativa y la solidez del sistema.
La legislación actual fue aprobada hace casi 25 años, por lo que requiere actualización y fortalecimiento conforme a estándares internacionales, ya que no responde a la realidad económica y financiera actual.
En ese sentido, más allá de una obligación técnica, la aprobación de la Iniciativa de Ley 6593 constituye un tema de interés nacional, porque contribuye a proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar relaciones financieras internacionales y reducir riesgos que podrían afectar directamente al país, al sistema financiero y a las familias guatemaltecas.
LHEconomía ¿Qué opinión le merecen las ocho enmiendas que se impulsan desde el Congreso?
SIB: Las enmiendas propuestas reflejan el interés de los diputados del Congreso de la República por impulsar la aprobación de la Iniciativa de Ley 6593. Sin embargo, la discusión sobre su viabilidad debe realizarse sobre bases técnicas.
Para ello, deben considerarse las necesidades actuales del país para fortalecer el marco jurídico en materia de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el cumplimiento de los estándares internacionales emitidos por el GAFI y las brechas señaladas en el Informe de Evaluación Mutua de Guatemala de 2016.
Ninguna de las enmiendas que se pretendan incorporar debería restar la esencia técnica que caracteriza esta iniciativa de ley, la cual, en los términos originalmente presentados, sería una herramienta fundamental para superar exitosamente la Evaluación Mutua que iniciará en febrero de 2027.
LHEconomía: ¿Cómo evalúa el impacto que podría tener para Guatemala el retraso en la aprobación de la ley antilavado, considerando las alertas de organismos internacionales como GAFI y la posible “lista gris”?
SIB: Un escenario de esta naturaleza tendría un impacto eminentemente negativo para la estabilidad financiera y reputacional de Guatemala, traduciéndose en un deterioro de las relaciones comerciales internacionales, riesgos para el grado de inversión del país, mayores exigencias regulatorias, afectaciones al flujo de remesas y un aumento en los costos de las transacciones financieras internacionales.
Todo ello impactaría directamente en la economía de los guatemaltecos.
La experiencia de otros países de la región demuestra que ingresar a la lista gris del GAFI no solo genera presión reputacional y financiera inmediata, sino también procesos prolongados de varios años para corregir las brechas identificadas y demostrar avances efectivos ante el escrutinio internacional.
Además, Guatemala ya experimentó en el pasado su inclusión en una lista negra del GAFI, situación que implicó compromisos costosos y extensos tanto en términos económicos como regulatorios y de supervisión.
