El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa resolvió ligar a proceso penal a Federico C., síndico primero de la Municipalidad de Barberena, Santa Rosa, por el delito de abuso de autoridad, según informó la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la investigación del MP, el funcionario habría actuado sin autorización, aprobación ni delegación del Concejo Municipal al acompañar a dos personas a la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 9 de enero de 2024.
Según la fiscalía, en esa sede Federico C. celebró y firmó un convenio de pago de indemnización y prestaciones laborales por un monto total de Q812 mil 500.
El acuerdo establecía que el pago debía efectuarse el 11 de enero de 2024, apenas dos días después de la firma del documento.
PERJUICIO A LA MUNICIPALIDAD
La Fiscalía contra la Corrupción indicó que el síndico conocía que los beneficiarios habían sido contratados bajo el renglón presupuestario 029, por lo que, según la investigación, el convenio ocasionó un perjuicio a la administración pública.
Con base en los medios de convicción presentados por el MP, el juzgado resolvió dictar auto de procesamiento contra el funcionario.
✅ Ligado a proceso penal por abuso de autoridad
A solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción y con base en los medios de convicción presentados, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa resolvió dictar auto… pic.twitter.com/5GNMMW77e3
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 12, 2026
MEDIDAS SUSTITUTIVAS
El órgano jurisdiccional también otorgó medidas sustitutivas a Federico C., entre ellas arresto domiciliario y la obligación de comparecer cada 15 días para firmar el libro de control de medidas sustitutivas en la fiscalía de Barberena, Santa Rosa.
Asimismo, el juzgado le prohibió salir del país sin autorización judicial y acudir a la Municipalidad de Barberena mientras continúe el proceso penal.
Según la resolución judicial, el Ministerio Público contará con un plazo de cinco meses para concluir la investigación del caso.
