El calendario institucional de Guatemala ha comenzado a moverse, y con él una serie de renovaciones que definirán el rumbo económico del país en 2026.
La primera señal llegó ayer, 11 de mayo, cuando la Universidad de San Carlos (USAC) abrió —hasta el 13 de mayo— la convocatoria para elegir a sus representantes ante la Junta Monetaria (JM).
La postulación será a penas de tres días, pese a que el 11 de junio próximo concluye el período de Byron Mejía y Délfido Morales, y el Consejo Superior Universitario (CSU) deberá escoger en 30 días a quienes tendrán voz y voto en decisiones tan sensibles como la tasa de interés líder, el tipo de cambio y la regulación financiera.
La ley exige dos requisitos básicos: honorabilidad y competencia económico-financiera. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que la elección no es un trámite menor.
En 2025, de 18 aspirantes, 15 provenían del sector público, y el CSU —cuyo voto es secreto desde 2022— terminó eligiendo al decano de Económicas y a un docente.
CADA VOTO IMPORTA
La Junta Monetaria no es un órgano más. La preside el Banco de Guatemala (Banguat) y la integran los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, además de representantes del Congreso, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), de la banca privada y de la USAC. Nueve votos que, en conjunto, moldean la vida financiera del país.
El bloque privado-bancario suma tres votos. Para formar mayoría necesita al Congreso o a la USAC. Por eso, el perfil que el CSU elija este año puede inclinar la balanza durante todo 2026.
Por eso, el economista David Casasola, del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), advirtió que la elección del representante de la USAC ante la Junta Monetaria debe priorizar perfiles técnicos sobre criterios políticos.
“Esperaría que sean personas profesionales y que tengan las competencias para poder tomar decisiones técnicas por el bien del país, no políticas, porque si no tienen comprensión de las implicaciones de lo que se está diciendo, el riesgo es alto”, señaló.
Como señala Casasola, en un contexto global volátil y con desafíos internos relevantes, la JM requiere representantes capaces de aportar análisis técnico sólido, no agendas políticas o sectoriales.
Ese rigor será aún más necesario porque en febrero de 2027 Guatemala recibirá la evaluación de GAFILAT sobre el cumplimiento de 40 estándares antilavado.
Si el país aprueba nuevas leyes y compromisos, la JM —junto con la Superintendencia de Bancos (SIB)— será clave para emitir reglamentos y supervisar su implementación en el sistema financiero.
Casasola vinculó el proceso a la crisis de credibilidad que atraviesa el CSU. Recordó que el órgano ha estado envuelto en polémicas, sobre todo por elecciones judiciales, y que eso puede “opacar” la designación ante la JM.
“Hay un momento muy difícil de confianza y de credibilidad a nivel del CSU y a nivel del rector”, dijo. Por ello, exigió claridad en las cualidades y cualificaciones que se usen para la nominación: el CSU debe transparentar qué criterios aplicó.
OTROS LUGARES
Mientras la USAC define a sus delegados, el sector privado ya eligió a los suyos para el período 2026–2027.
El CACIF designó a Luis Fernando Leal Toledo como titular y a Javier Ruiz Asmar como suplente. La banca privada, reunida en la SIB, escogió a Luis Rolando Lara Grojec y a Enrique Antonio José Rodríguez Mahr.
El Congreso, por su parte, deberá elegir a su representante mediante mayoría simple, siguiendo un proceso formal que incluye verificación de antecedentes, finiquito y acreditación de competencia técnica.
A estos se suman los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, y la presidencia del Banguat, que dirige la Junta Monetaria por mandato legal.
EL RELEVO MAYOR: BANGUAT Y SIB
Si la elección de delegados ya es relevante, el cambio más profundo llegará el 30 de septiembre, cuando concluye el mandato de las máximas autoridades del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos. Ambos nombramientos dependen directamente del Presidente de la República.
El presidente del Banguat —quien también preside la JM— es designado sin terna ni concurso, únicamente por decisión presidencial, para un período de cuatro años. Lo mismo ocurre con el vicepresidente. Actualmente, Álvaro González Ricci ocupa el cargo hasta septiembre de 2026.
El caso del Superintendente de Bancos es distinto: el Presidente elige, pero a partir de una terna propuesta por la Junta Monetaria, que debe aprobarla con una mayoría calificada de siete votos.
El puesto exige probidad, formación en auditoría, economía o derecho, y experiencia en supervisión bancaria. Saulo De León Durán ocupa el cargo desde el año 2022.
Casasola extendió la misma exigencia al relevo de octubre. Recordó que ambas son “de las entidades con mayor prestigio y credibilidad institucional” y que históricamente “se han mantenido al margen de la coyuntura política”. Por eso, insistió, las designaciones deben basarse en criterios técnicos claros que garanticen confianza y preserven ese prestigio ante la administración pública.
AÑO DECISIVO
La simultaneidad de estos procesos —la elección de representantes ante la Junta Monetaria, la renovación de autoridades del Banco de Guatemala y el nombramiento del próximo Superintendente de Bancos— convierte al 2026 en un año crítico para la arquitectura económica del país.
Las decisiones que tomen el CSU, el Congreso y el Presidente no solo definirán quién ocupa cada silla, sino qué tipo de criterio prevalecerá en la conducción económica: técnico o político, prudente o arriesgado, independiente o alineado a intereses particulares.
Otra designación importante este año será la del Contralor General de Cuentas. El Congreso de la República informó que el 2 de junio se instalará la comisión de postulación para titular de la Contraloría, que debe asumir en octubre próximo.
“En todo ese tipo de decisiones se necesita credibilidad e independencia de verdad”, afirmó el economista del CIEN. Para temas de corto, mediano y largo plazo, remarcó, se requieren personas idóneas con visión institucional y no funcionarios que busquen “mostrar lealtad dentro de las decisiones que toman y el rumbo que le dan a las instituciones”.
