Ayer fue un día agitado e importante para el país en el que el Presidente nombró a quien será el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el licenciado Gabriel García Luna, lo que provocó reacciones positivas en distintos sectores de la vida nacional que mostraron satisfacción por la designación que, según el mismo Arévalo, no es para que el Fiscal le sirva al Presidente sino para iniciar el rescate del sistema de justicia. La otra noticia trascendente fue la forma en que se estancó la discusión de la vital ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, luego de que se introdujeron algunas reformas que evidencian lo mucho que algunos diputados saben del tema y de los cambios que hay que hacer para que la norma sea intrascendente y pueda continuar ese tipo de operaciones.
El nombramiento del nuevo Fiscal General es, sin duda, un paso que debe tener enorme trascendencia para enderezar nuestro modelo de justicia, pues la cooptación del ente a cargo de la investigación criminal permitió la consolidación del régimen de impunidad que los ladrones de fondos públicos diseñaron para su beneficio. En los días que faltan para la investidura del nuevo jefe del MP sin duda van a desaparecer todas aquellas denuncias y evidencias que existen sobre corrupción, especialmente las que puedan alcanzar a los gobernantes que nombraron a Consuelo Porras, así como a sus más allegados, tal el caso de la pareja de Giammattei.
No es un secreto para nadie el pacto que la hasta ahora Fiscal General ha honrado al pie de la letra para sepultar cualquier investigación sobre el saqueo de los fondos públicos y el lavado de dinero denunciado precisa y claramente por la Superintendencia de Bancos por medio de su Intendencia de Verificación Especial. Llegar a destapar ese hormiguero no será cosa fácil y constituye uno de los primeros grandes retos para el nuevo jefe del Ministerio Público quien sabe, perfectamente, cómo están destruyendo evidencias para dejarlo atado de manos según los que salen.
Es sin duda el paso más trascendental e importante que se puede dar en la lucha contra la corrupción y el secuestro del sistema de justicia y hay que decir que la responsabilidad que recae en los hombros de García Luna es inmensa y vital para el país.
El otro tema, el de los diputados que condicionan que para aprobar la ley antilavado, ahora sí se reforme la Ley Orgánica del MP con el afán que si el nuevo fiscal los tiene en apuros ante las evidentes pruebas, el próximo presidente lo pueda remover en busca de alguien que les dé Consuelo como Porras y tenga un operador eficiente como el Ángel de la Guarda que hoy los cuida. Menudo descaro que hay en Guatemala, pues no les importa dejar evidencia de su pleno conocimiento de las formas para lavar el dinero sucio de la corrupción y con desfachatez hacen propuestas que harán inútil la aplicación de la nueva Ley.
Todos los cambios son difíciles y el que Guatemala necesita lo es mucho más, pero es tiempo de emprender el camino y la sociedad tiene que jugar su papel.
