POR KIMBERLY LÓPEZ
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El comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, explicó que varios contratos sospechosos se encuentran en manos de la Procuraduría General de la Nación para ser evaluados.
A inicios de mayo, Godoy explicó que desde enero de este año, los más de 50 usufructos vigentes se encontraban en proceso de análisis y revisión a fin de detectar posibles irregularidades en la Empresa Portuaria Quetzal.
Dentro de estos destacan 15 o 20 contratos, indicó Godoy, que entre 2012 y 2013 durante la gestión del interventor Allan Marroquín y el subinterventor Julio Sandoval pasaron de la modalidad de arrendamiento a usufructos.
Según Godoy, debido a que el argumento de la procuradora María Eugenia Villagrán, respecto a TCQ, ha sido que el interventor y subinterventor de la Terminal no pueden firmar ese tipo de contratos, han enviado un listado de contratos similares para que la PGN identifique posibles anomalías.
Godoy explica que la idea es que la PGN evalúe si estos contratos incumplían en ese sentido y también para que se verifique la figura del usufructo.
“Si el usufructo es para uso directo no hay problema, pero si se usa para vender servicios de terceros, sería una anomalía”, dijo.
Los listados fueron enviados desde la semana pasada, tanto a la PGN como a la Contraloría General de Cuentas, pero no han obtenido respuesta.
