Mientras leo la columna de Emilio Matta, 23 de abril, 2026, en La Hora, “La negligencia con la infraestructura”, acompañado de un café huehueteco servido en una taza cuyo diseño que parece salido de un cuadro de Van Gogh, no puedo más que asentir. Línea por línea. Oración por oración. Porque, lo que describe Matta no es un hecho aislado. Es un patrón. Es la misma incapacidad que vemos en alcaldes, ministros —póngales usted nombre— y, lamentablemente, en quien hoy ocupa la presidencia de la República.
Yo voté por Bernardo Arévalo. Creí, como muchos, que su llegada representaba un parteaguas en la historia reciente del país. Él tenía la posibilidad real de desmontar, aunque fuera parcialmente, el entramado de incapacidad y corrupción que ha capturado al Estado.
Pero la esperanza no se destruye únicamente con malas intenciones. También se destruye –y quizá con mayor eficacia– con la incapacidad y la cobardía.
Cuando intentaron impedir su toma de posesión, el presidente no se defendió. Fueron las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, los 48 Cantones, y un respaldo internacional sin precedentes los que sostuvieron el proceso democrático. Todos defendieron la institucionalidad… menos quien estaba llamado a encabezar esa defensa.
Ese patrón se repite. Arévalo no defendió a su partido, Semilla, frente a la embestida. No. No defendió a quienes fueron criminalizados por protestar en su favor, muchos de los cuales siguen enfrentando consecuencias legales. No enfrentó a la fiscal general, quien ha impuesto su agenda con total comodidad mientras el Ejecutivo observa. La consecuencia es evidente: el poder no ocupado por el presidente es ocupado por otros.
En la gestión pública, la historia no es distinta. El Ministerio de Comunicaciones sigue siendo un símbolo de abandono. Las carreteras continúan deteriorándose —la ruta Cito-Zarco, el kilómetro 189, ejemplos que llevan años sin solución efectiva— y no hay señales de una política seria de infraestructura. Los puertos mantienen retrasos estructurales, a pesar de acuerdos internacionales que, en la práctica, no han producido resultados tangibles.
En política exterior, el país carece de rumbo. Guatemala reacciona, no actúa. Y en ese vacío, actores externos e internos colocan piezas sin resistencia, léase como ejemplo dramático la imposición de Barreto por Barret ante la inacción del presidente. Mientras tanto, los programas sociales, aunque bien intencionados, son insuficientes frente a la magnitud de problemas como la desnutrición crónica infantil. No se trata de hacer poco; se trata de que lo poco no cambia nada.
Quizá uno de los ejemplos más claros de esta ausencia de liderazgo es la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Ejecutivo ha optado por la indiferencia ante una crisis profunda de legitimidad institucional. Pero en campaña el candidato Bernardo Arévalo dio un discurso encendido de la cooptación de la Usac de parte de Mazariegos. Nada que ver con su silencio mortal ahora que Mazariegos se hizo nuevamente de la San Carlos a macho y trecho. Es el robo más descarado que hemos vivido los guatemaltecos. Nos roban en nuestras narices, manipulando todo y de todo, con total descaro a la única universidad pública del país. Se malgastan su presupuesto, o sea, nuestros impuestos. Hacen lo que les da la gana y Arévalo más callado que monaguillo en misa. No se trata de intervenir por capricho, sino de asumir que el deterioro de la única universidad pública del país es también un problema de Estado.
El resultado de todo esto no es simplemente un gobierno débil. Es un gobierno que ha cedido espacios clave sin dar la batalla ni siquiera en lo que parecía fuerte: Diplomacia. En política exterior, no hay política exterior. Es un gobierno que realmente nunca tuvo rumbo y que no se quien le escribió el Plan de Trabajo, tan lindo como inoperante.
Hoy, ante decisiones cruciales como la elección de fiscal general, la pregunta ya no es qué hará el presidente. La pregunta es si, finalmente, hará algo.
Porque la historia no suele ser benévola con los gobiernos que tuvieron la oportunidad de cambiar el rumbo y eligieron no hacerlo. Si Arévalo sigue su trayectoria usual, entregará el MP a los corruptos como parece que entregó a la Usac a Mazariegos. Eso no lo soportará el Pueblo. Ojalá que Arévalo conozca el artículo 5 de nuestra Constitución que establece que nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y con ello nos da la base legal y moral del derecho de resistencia a la opresión.
El Pacto de Corruptos y su hija putativa la Alianza Criminal quieren ponernos de rodillas mientras cooptan totalmente al Estado de Guatemala para ponerlo al servicio de los corruptos y dejarnos a nosotros como sus esclavos, sin derecho alguno. No permitamos eso guatemaltecos. Unámonos para defender la poca democracia que aún nos queda. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
