En agosto del año 2025, el Presidente Bernardo Arévalo, en una entrevista, hizo, palabras más, palabras menos, la anterior afirmación.
Se refería a la posibilidad de que el Congreso no aprobara la reforma legal que él presentó y que le permitiría despedir a Consuelo Porras, lo cual efectivamente sucedió.
Recuerdo muy bien la caminata encabezada por el Presidente, que salió del Palacio Nacional hacia el Congreso, para entregar una iniciativa de ley que modificaba el artículo de la ley del Ministerio Público con el cual, años atrás, se había blindado a la anterior Fiscal, Thelma Aldana, para evitar que el Presidente, en ese entonces Otto Pérez Molina, la pudiera remover de su cargo. En el legislativo ignoraron su iniciativa de ley. Aunque sea reiterativo decirlo, pero por comprensible que pudiera haber sido en ese momento la intención que tuvo la CICIG, apoyada por los gringos, de blindar a la Fiscal General que estaba investigando la corrupción y la impunidad, la historia mostró una vez más que actuar con angustias coyunturales perdiendo el horizonte estratégico de largo plazo es un grave error.
La estrategia del Presidente fue respetar las vías institucionales para lograr el propósito de terminar con la cooptación del Ministerio Público que han tenido las redes político criminales en alianza vergonzante con algunas cúpulas empresariales.
El costo que ha pagado el gobierno ha sido muy alto. El permanente acoso del MP ha inhibido el actuar del gobierno.
Sin embargo, ahora ha llegado el momento en el cual el Presidente podrá, como lo dijo hace ya más de año y medio, nombrar al nuevo (a) Fiscal General, a pesar de que sus opciones fueron eliminadas de la contienda de manera mañosa. Pero esta limitación no llega al punto de imposibilitar designar a alguien que inicie el proceso de recuperación el MP del dominio de las redes político criminales. Opciones tiene, aunque no sea las que él hubiera querido, las cuales, sin duda, podrían haber sido las mejores.
Un aspecto trascendental en la elaboración del listado final es la exclusión de Consuelo Porras. Se evidenció el compromiso incondicional que con ella tienen quienes votaron por su inclusión, la cual seguramente estará motivada por las colas machucadas que allí podría haber. Pero lo más importante es que la salida de esta señora tiene un significado trascendental. Ella es el símbolo de la cooptación criminal de la institucionalidad estatal y, por eso, su exclusión de la contienda expresa el inicio del naufragio del barco pirata donde navegan jueces, magistrados y fiscales cooptados, el cual no se consumará rápido.
Cuando Bernardo Arévalo cumpla con la afirmación que se cita en el nombre de esta columna (“yo escogeré al próximo Fiscal General”), estará dando una muestra de coherencia ideológica, la de un líder de profundas convicciones republicanas, hasta el punto de mantenerse en ese tren a pesar de estar descarrilado. Veremos si la situación no se complica en los próximos días.
Pero la reflexión más profunda todavía no se puede hacer.
El “progresismo” se ha desgastado políticamente ante los ojos de la población. “No pudo despedir a la Fiscal”, dice mucha gente. Lo cual hace que se identifique coherencia ideológica con debilidad política.
También se ha demostrado que buscar pactos de élites es riesgoso, porque ellas tienen sus propios intereses, los cuales prevalecen antes que cualquier acuerdo tomado. Sus acuerdos con los gringos y con las élites empresariales están sostenidos con alfileres.
Y, para finalizar, quiero mencionar un aspecto sustancial que deberá evaluarse cuando pase algún tiempo. Habrá que reflexionar si el “progresismo” que se estrenó en nuestra Guatemala con este gobierno, ha logrado que se valore el respeto a la república por encima del costo que significa una gran limitación para poder ejecutar su plataforma programática porque ha estado permanentemente sitiado en el Palacio Nacional.
