El exfutbolista Pedro Samayoa al centro junto a su hermano Eduardo Alejandro y su madre Zully Moreno Barbier. Diseño La Hora: Roberto Altán.
El exfutbolista Pedro Samayoa al centro junto a su hermano Eduardo Alejandro y su madre Zully Moreno Barbier. Diseño La Hora: Roberto Altán.

El exfutbolista guatemalteco Pedro Julio Samayoa Moreno, señalado en el caso por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, fue detenido en Estados Unidos junto a su madre y su hermano por autoridades migratorias de ese país, según confirmación obtenida por La Hora en registros oficiales.

Pedro Samayoa, su madre Zully Moreno Barbier y su hermano Eduardo Alejandro Samayoa Moreno permanecen recluidos en el Stewart Detention Center, un centro de detención migratoria ubicado en el estado de Georgia. Los tres figuran como detenidos en el portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde aparecen con reportes activos de detención.

Las detenciones se producen en un contexto en el que los tres contaban con órdenes de captura vigentes emitidas en 2025 por un juzgado de mayor riesgo guatemalteco, que los vinculó al proceso penal por el asesinato de Velásquez Paiz, ocurrido en 2005. Hasta ahora, se desconoce si la captura en territorio estadounidense responde a su situación migratoria —es decir, si permanecían de manera irregular— o si fue consecuencia de la alerta internacional derivada de esas órdenes judiciales.

La familia del exfutbolista Pedro Samayoa también es buscada por el caso de Claudina Velásquez. Foto La Hora: PNC.
La familia del exfutbolista Pedro Samayoa también es buscada por el caso de Claudina Velásquez. Foto La Hora: PNC.

Las órdenes de captura contra los tres son por los presuntos delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio, según la información difundida en su momento por el Ministerio Público (MP).

Por este caso, el Estado de Guatemala fue condenado en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció su responsabilidad internacional por no actuar con la debida diligencia en la prevención, búsqueda e investigación de la desaparición y asesinato de Claudina Velásquez Paiz. El tribunal concluyó que las autoridades no respondieron de forma inmediata ni eficaz ante la denuncia y que la investigación estuvo marcada por graves irregularidades y estereotipos de género.

CASO MARCADO POR DOS DÉCADAS DE IMPUNIDAD 

El nombre de Pedro Samayoa, de 40 años, cobró relevancia fuera del ámbito deportivo tras ser incluido entre los señalados en uno de los casos emblemáticos de violencia contra las mujeres en Guatemala. El asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en agosto de 2005, se convirtió en un símbolo de las fallas estructurales del Estado en la investigación de desapariciones y feminicidios.

La joven fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de ese año, luego de salir de la universidad para asistir a una fiesta. Sin embargo, las autoridades se negaron inicialmente a activar su búsqueda bajo el argumento de que debían transcurrir al menos 24 horas. Su cuerpo fue localizado al día siguiente en un terreno baldío de la calzada Roosevelt, con evidencias de extrema violencia y agresión sexual.

El caso, junto al de otras víctimas, impulsó años más tarde la creación del mecanismo de alerta para mujeres desaparecidas, conocido como Alerta Isabel-Claudina.

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DE FUTBOLISTA A PRÓFUGO

Antes de su vinculación al proceso penal, Samayoa desarrolló una carrera como mediocampista en el fútbol guatemalteco. Formado en el CSD Municipal, jugó en clubes como Mixco, Universidad de San Carlos, Petapa, Xelajú y Mictlán, entre otros. Su último equipo fue Chiquimulilla, en la Primera División, tras lo cual anunció su retiro en 2025.

De acuerdo con informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el exjugador mantenía una relación de amistad con la víctima. En su declaración inicial, indicó que la acompañó a una fiesta la noche de su desaparición y que ella decidió retirarse sola en horas de la madrugada.

Durante años, ni él ni su familia figuraron como sospechosos. Sin embargo, el curso de la investigación cambió dos décadas después, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo D ordenó su captura junto a otros miembros de su entorno familiar. Posteriormente, al no ser ubicados, fueron declarados en rebeldía.

En la actualidad, el caso se mantiene en fase de supervisión de cumplimiento de sentencia por parte del tribunal interamericano, lo que implica que el Estado aún debe demostrar avances en la investigación y sanción de los responsables. En ese contexto, las diligencias que no se realizaron durante casi dos décadas —y que derivaron en largos periodos de impunidad— forman parte central de las obligaciones pendientes que Guatemala debe cumplir para acatar el fallo internacional.

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Por ahora, se desconoce cuál será el curso legal en territorio estadounidense con los tres sospechosos. El caso de Claudina Velásquez Paiz, que durante años evidenció negligencias institucionales, entra así en una nueva fase, marcada por la posible judicialización de quienes durante meses permanecieron prófugos.

Diego España
Periodista en la sección de Investigación de La Hora, especializado en el sector justicia, política y derechos humanos. Antes cubrió la fuente del Organismo Judicial. Se formó en Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cursa una maestría en Comunicación, Gobierno y Gestión Pública. Fue becario de la International Women's Media Foundation (IWMF) y los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP).
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