El Estado de Derecho constituye el pilar fundamental de toda sociedad democrática y soberana. En Guatemala, este principio se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece el marco normativo supremo que rige la organización del Estado, sobre todo la protección de los derechos humanos y la limitación del poder público, y de sus instituciones. Sin embargo, la realidad nacional evidencia múltiples desafíos relacionados con la vulneración de dicho orden constitucional.
El Estado de Derecho implica que todas las personas, instituciones y autoridades están sometidas a la ley, la cual debe ser justa, pública y aplicada de manera equitativa. Este principio garantiza: La supremacía constitucional, la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia. En Guatemala, la Constitución no solo regula el ejercicio del poder, sino que también establece mecanismos de control, como el papel de la Corte de Constitucionalidad, encargada de velar por la supremacía constitucional, algo en que el último quinquenio fue olvidado por todos los exmagistrados que integraron dicha corte, algunos subsisten hasta resguardar con ellos los poderes fácticos y ocultos de la corrupción y del clientelismo político y social.
A lo largo de la historia reciente de Guatemala, durante ciertas épocas las instituciones democráticas se han enfrentado a diversas situaciones que evidencian la violación a la Constitución que se manifiestan en el abuso de poder y discrecionalidad, funcionarios públicos que actúan fuera del marco legal, tomando decisiones arbitrarias que contravienen normas constitucionales, debilitando la institucionalidad, la independencia judicial y las fuerzas de seguridad en especial en los casos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado, interferencia en órganos de justicia afecta directamente el equilibrio de poderes. Cuando jueces o magistrados son presionados, se compromete la aplicación imparcial de la ley. Violaciones a los derechos fundamentales, derechos como la libertad de expresión, el debido proceso y la igualdad ante la ley han sido objeto de vulneraciones, lo cual contradice el espíritu garantista de la Constitución. Así como la corrupción e impunidad, la que al hacerla estructural genera un entorno donde la ley pierde, y los funcionarios se han hecho de la vista gorda dependiendo el son y la mordida de que se trate, entendamos que los funcionarios no lo hacen por ignorancia o desconocimiento de la Ley, lo hacen porque se les compra, se les paga y porque tienen un interés más allá del bien común.
Empero a todo ello la Constitución Política tiene sus mecanismos de defensa, el primero es el ejercicio del voto o sufragio, si usted y lea bien sigue eligiendo lo mismo, no se queje, no vea su perfil ideológico, vea que prevalezca el bien común y deje de lado el síndrome de doña Florinda en la vecindad del Chavo, no piense usted en que los cambios no generan visión de país, busque ser progresista para evitar que usted busca el subdesarrollo, desarrolle usted su pensamiento y ejerza con responsabilidad.
Por ello vemos a diputados corruptos eligiendo a magistrados corruptos, jueces corruptos, rectores corruptos, alcaldes corruptos, dejemos ya eso de lado y démosle la oportunidad de hacer un mejor país.
El deterioro del Estado de Derecho plantea una pregunta urgente: ¿Hasta qué punto puede resistir una democracia cuando sus instituciones son utilizadas en contra de su propia finalidad? La respuesta recae únicamente en el ciudadano, es la primera línea de defensa del orden constitucional, lo que exige una ciudadanía activa, informada y crítica, capaz de exigir transparencia, denunciar abusos y participar en los procesos democráticos, en pocas palabras coopte como buen ciudadano los partidos políticos que ese es el pecado original de todo. Es obligación de los buenos guatemaltecos, recuperar el Estado desde la Constitución, Guatemala enfrenta un punto de inflexión. La continuidad de prácticas de cooptación institucional y la consolidación de redes de impunidad ponen en riesgo no solo el presente, sino el futuro democrático del país. Recuperar el Estado de Derecho implica volver al principio básico: el respeto irrestricto a la Constitución. Sin ello, cualquier discurso de legalidad será vacío, y cualquier intento de justicia, insuficiente.
Por ello el respeto al Estado de Derecho es indispensable para garantizar la estabilidad política, el desarrollo económico y la paz social en Guatemala. La Constitución debe ser entendida no solo como un documento jurídico, sino como un compromiso colectivo que exige cumplimiento tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía.
RECUERDE SI SIGUE HACIENDO LO MISMO TENDRÁ EL MISMO RESULTADO.
