En este país lastimado por la corrupción sistémica, las facultades de Derecho —pública y privadas— no son la excepción: son el epicentro del problema. No se trata solo de la Usac. La crisis es de las pseudo universidades guatemaltecas que han convertido la carrera de Derecho en una máquina de producir abogados y notarios a destajo, mientras el país se hunde en la ausencia de ingenieros, científicos, biólogos, matemáticos y físicos.
Como ya lo señalé en mi columna “Las Escuelas de Derecho” del 6 de junio de 2025, las facultades de Derecho de América Latina están repletas. Por cada cuatro estudiantes que eligen Derecho, apenas uno opta por ingeniería. Según datos del Centro de Justicia de las Américas, Guatemala ronda los 200 abogados y notarios por cada 100,000 habitantes, una cifra alarmante que nos coloca entre los primeros lugares de la región, al mismo nivel que nuestra desnutrición crónica. Y eso sin contar que la eficiencia terminal en la Usac fue del 10% en 2020: de cada 100 que entran, solo 10 terminan en el tiempo previsto. El resto son estudiantes perpetuos. Un despilfarro económico y humano que nadie quiere reconocer.
La gente entra a Derecho buscando justicia, paz y una sociedad libre de temor y hambre. Pero las facultades de Derecho no les entregan eso. Les entregan el currículo oculto como dice Michael Apple: la trampa, la mentira, la violación de la ley como arte de sobrevivir. No lo escriben en los planes de estudio, pero lo enseñan con el ejemplo diario. Y el colmo es que los decanos de todas estas facultades se alinean para defender a los corruptos. Le dieron la mejor nota a Consuelo Porras. Apoyaron el fraude descarado de sacar a Villeda de la jugada. Y cuando una pseudo universidad como la Mariano Gálvez le otorga un título falso a la fiscal general, ningún decano de Derecho mueve un dedo. De hecho, valoraron su doctorado como si fuera genuino, legal y honesto. No lo es. ¡Ah, decanos de Derecho!
No es casualidad. Las nuevas “universidades” de las últimas tres décadas nacieron con un objetivo perverso: controlar las Comisiones de Postulación para copar las altas cortes y el Ministerio Público. La Universidad de Occidente (esa extensión de la Francisco Marroquín en Quetzaltenango) es la principal culpable que tengamos a Consuelo Porras como fiscal. La Regional, del exrector Estuardo Gálvez, la Juan José Arévalo de Walter Mazariegos y otras más son fábricas de poder político barato. Sirven al narco poder, a las élites extractivistas y a los intereses que financian campañas, helicópteros y parrandas. Son el ejemplo perfecto de lo que no debe ser el Derecho ni la justicia.
Esta no es una crítica desde el desconocimiento. Hemos hecho enormes esfuerzos en mejorar programas de Derecho. En el campus de Quetzaltenango de la Usac (CUNOC), dirigí entre 2003 y 2005 la reforma curricular más profunda que ha tenido una facultad de Derecho en América Latina. Con fondos europeos de NUFFIC (Países Bajos), invertimos millones en formación docente, investigación y laboratorios jurídicos reales. Coordinado por el jurista Víctor Ferrigno, transformamos el programa para que fuera moderno, ético y basado en investigación científica. Demostramos que sí es posible formar abogados comprometidos con la justicia real, no con la trampa. Pero eso dura poco si no se le da seguimiento.
Pero una sola reforma no basta. El problema es estructural y requiere medidas radicales.
Sin Derecho ético no hay justicia. Y sin justicia, no hay país. Es hora de una transformación profunda. El futuro de la justicia empieza por cambiar radicalmente las escuelas de Derecho.
