A dos meses de haber vencido el plazo oficial, menos de la mitad de los buses extraurbanos registrados en el país ha cumplido con presentar el Certificado de Funcionalidad de Revisión Física y Mecánica, un requisito creado para garantizar la seguridad de los usuarios.
De acuerdo con la Dirección General de Transportes (DGT), hasta el pasado 13 de abril se habían registrado 10,360 unidades con este documento, de un total de 21,586 inscritas en el sistema. Esto equivale a un cumplimiento cercano al 48%.
El plazo para presentar la certificación venció el 15 de febrero, seis meses después de la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 140-2025, que reformó el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera.
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UN REQUISITO OBLIGATORIO, PERO SIN SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
El certificado de funcionalidad es un documento que acredita que el autobús se encuentra en condiciones óptimas de operación, tras una evaluación técnica que incluye frenos, suspensión, luces, motor y equipos de seguridad, entre otros.
La normativa establece que la revisión debe ser realizada por talleres autorizados y registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que cada unidad debe portar una bitácora de mantenimiento actualizada.
Ahí se tendría que llevar el registro del mantenimiento que se brinda al vehículo, desde la verificación del estado y cambio de llantas hasta las condiciones de puertas, ventanas, asientos y salidas de emergencia, por ejemplo.
Sin embargo, pese a su carácter obligatorio, el reglamento no contempla sanciones administrativas directas para quienes no cuenten con esta certificación. El director de la DGT, Mynor González, confirmó que la falta del documento no genera multas, pero hizo ver que sí tiene implicaciones legales en caso de accidentes.
“Si ocurre un percance y el bus no tiene el certificado, esto se convierte en un agravante para deducir responsabilidades civiles y penales contra el propietario”, explicó.
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CONTROL SOLO EN DOCUMENTOS
El certificado surgió como parte de una reforma más amplia al reglamento del transporte. Con el Acuerdo 140-2025, se eliminó la restricción que impedía la circulación de buses extraurbanos con más de 25 años de antigüedad.
En su lugar, el modelo actual permite que cualquier unidad —independientemente del tiempo en funcionamiento— pueda operar, siempre que demuestre su buen estado mecánico.
La normativa no establece que la DGT deba hacer una revisión del vehículo, sino que el porteador solo debe presentar el citado documento. Este debe llevar el nombre y sello del taller que hizo la inspección.
Sin embargo, un caso descubierto recientemente por el mismo personal de esa institución evidenció que contar con la certificación no garantiza que la información consignada sea verídica.
EL CASO QUE CONLLEVARÍA ACCIONES LEGALES
Esto quedó en evidencia tras un accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en el kilómetro 38 de la ruta a El Salvador, donde el bus involucrado portaba un certificado de funcionalidad, pero con información que aparentemente no coincidía con su estado real. Fotografías difundidas tras el hecho mostraron que algunas partes del vehículo estaban sujetadas con lazos.
Según el jefe de la DGT, no se trató de un documento falsificado en su forma, sino de una certificación emitida con datos incorrectos, lo que podría derivar en acciones penales contra el taller y la empresa transportista. El funcionario indicó que el hecho podría encuadrar en falsedad ideológica y material.
Bomberos Voluntarios reportaron que el incidente dejó 27 personas heridas, incluidos dos menores, pero también reveló fallas visibles en la unidad, pese a contar con la documentación en regla.
Las autoridades aseguraron que, hasta ahora, este es el único caso detectado con un certificado de funcionalidad alterado, aunque reconocieron que la base de datos aún está en construcción.
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OTRO REQUISITO QUE NO SE CUMPLE
La DGT también confirmó que el incumplimiento de requisitos en el sector del transporte extraurbano no se limita al certificado mecánico. Otra de las disposiciones vigentes que presenta bajos niveles de aplicación es la instalación de reguladores de velocidad.
De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), solo 603 unidades tienen activo este sistema. El dispositivo es obligatorio desde 2016 y su falta de instalación es objeto de sanciones desde el pasado 2 de marzo.
El autobús accidentado en la ruta a El Salvador no contaba con ese mecanismo, por lo que se le impuso una multa de Q20 mil.
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En total, desde que entró en vigencia el régimen sancionatorio, la DGT reporta haber multado a 61 buses extraurbanos y cinco unidades de carga pesada por no cumplir con la disposición legal.
