Dos senadores estadounidenses —el demócrata Tim Kaine y el republicano Michael S. Lee— solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, que el Gobierno de Estados Unidos respalde los procesos de elección de autoridades en Guatemala, en particular aquellos de segundo grado, en el marco de un año que calificaron como “crítico” para la institucionalidad democrática del país centroamericano.
La misiva es enviada a pocas semanas de finalizar el proceso para elegir al próximo fiscal general, responsable de la persecución penal en el país, en sustitución de María Consuelo Porras, cuyo mandato concluye en mayo.
La carta está fechada el 8 de abril de 2026 y dirigida al jefe del Departamento de Estado, los senadores subrayan que “el año 2026 es un año crítico para las instituciones democráticas de Guatemala”, al advertir que entre febrero y agosto se definirá la integración de entidades clave como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General y el rector de la Universidad de San Carlos.
Los senadores explican en su misiva que “la mayoría de estos cargos son seleccionados por comisiones de postulación compuestas por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala, universidades y otros delegados sectoriales, quienes presentan ternas al presidente o al Congreso”, mientras que otros son designados directamente por esos poderes del Estado. En ese contexto, instan a Washington a involucrarse de forma activa: “dada la conexión intrínseca de Guatemala con varias prioridades de seguridad nacional de los EE. UU., instamos a un compromiso constructivo y constante por parte del Departamento de Estado”.
La carta también hace énfasis en el papel de la representación diplomática estadounidense en el país: los senadores piden “la participación productiva y el acompañamiento de la Embajada de los EE. UU. en Guatemala, para apoyar y fortalecer las instituciones democráticas durante este período crítico”.
Kaine y Lee sostienen que los procesos de selección en curso representan “una oportunidad para reforzar las instituciones guatemaltecas y profundizar la relación entre los EE. UU. y Guatemala”, en un contexto marcado por amenazas a la seguridad pública. Como ejemplo, citan que “el 17 de enero, ataques coordinados liderados por pandillas y disturbios carcelarios —que resultaron en la muerte de 10 agentes de policía y las lesiones de varios otros— subrayaron la medida en que el crimen organizado busca desestabilizar las instituciones públicas de Guatemala y aterrorizar a la población”.
En ese contexto de violencia, el MP de Porras ha sido cuestionado por no imputar el delito de terrorismo contra uno de los presuntos responsables. Pese a que los hechos fueron descritos como parte de un episodio de “terrorismo urbano” atribuido al Barrio 18, la Fiscalía decidió no aplicar la Ley para el Combate Frontal de las Pandillas durante la audiencia contra un integrante del Barrio 18, a quien únicamente acusó por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento, omitiendo la figura penal más grave en medio de una escalada de ataques contra fuerzas de seguridad.
En ese sentido, remarcan que “la solidez del sistema democrático de Guatemala depende de un poder judicial independiente y de procesos transparentes para la selección de sus funcionarios”, y añaden que al respaldar la gobernanza democrática en el país, Estados Unidos también protege sus propios intereses regionales “al mantener vecinos amistosos”.
Finalmente, los senadores reiteran su llamado a un involucramiento sostenido: “reiteramos la necesidad de un compromiso sostenido con los funcionarios guatemaltecos, los líderes empresariales y los actores de la sociedad civil, en apoyo a la transparencia y a la ausencia de criminalización e injerencias indebidas”.
La carta concluye con una apertura al diálogo con el Departamento de Estado para definir mecanismos de apoyo: “acogemos con agrado la oportunidad de conversar con usted y con otros funcionarios sobre cómo el Departamento puede respaldar los esfuerzos de Guatemala para promover una gobernanza libre y el Estado de derecho”.
La actual fiscal ha sido sancionada por Estados Unidos y más de 40 gobiernos, en medio de señalamientos sobre el debilitamiento de la lucha contra la corrupción y el uso del sistema penal contra operadores de justicia, periodistas y actores políticos.
